Hugo Mennella, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), dijo que una eventual suspensión por 60 o 90 días de permisos de obra sería "un disparate jurídico" y advirtió que si se concreta va a ser "nefasto" para la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario.

"Me parece un disparate jurídico suspender obras sin hacer estudios previos. Es inconducente. No soluciona ningún problema. Si no cuidamos los fundamentos jurídicos para sustentar lo que está permitido evidentemente vamos a insistir en un camino negativo que hará que la inversión se retire de la ciudad y del país", vaticinó Mennella.

"Si esto se concreta va a ser nefasto. Va a haber parate a nivel constructivo. Va a ser negativo. Las pocas obras que van a quedar se van a encarecer. El capital de la gente va a pasar a valer la mitad", pronosticó.

Una visión parecida sobre el tema tiene Mario Gómez, de la inmobiliaria Toribio Achával, que dijo que "si el desarrollador tiene todo en regla, una eventual suspensión de la obra por razones caprichosas, termina impactando en la propensión de invertir. Es importante que haya seguridad jurídica".

"La rentabilidad de un proyecto inmobiliario es muy sensible al factor tiempo. Si por causa de estas suspensiones el proyecto se demora y hay un lucro cesante, esto termina impactando en la rentabilidad del proyecto", aseguró.

Para Fernando Esquerro, presidente de la Asociación de Empresarios para la Vivienda (AEV), entidad que agrupa a los desarrolladores inmobiliarios que construyen obras para vender a terceros, "sin ninguna duda" la suspensión de los permisos afecta la seguridad jurídica "y pone en riesgo a uno de los motores de la reactivación que es la construcción".

"Si el municipio con el apoyo de la gente quiere cambiar el Código de Planeamiento Urbano es una situación razonable. Pero esto se debe pensar de aquí en adelante y no para atrás. Imagínese el inversor que compró terrenos para constuir. Muchos se van a presentar a juicio. Esto va a terminar en un costo adicional para todos los vecinos", se quejó.

A su turno, el dueño de la constructora Dypsa, Issel Kiperszmid, abogó por la "prudencia de todos los sectores" y la "previsibilidad" de las partes.

"Sería importante encontrar una solución a través de un plazo que compatibilice los intereses de los desarrolladores y los de los vecinos, para que no se vea afectado ni el panorama urbano ni la capacidad de prestación de los servicios", dijo.

Respecto de las advertencias sobre el peligro de un colapso en la red cloacal y de agua potable ante la proliferación de edificios, el titular de Dypsa dijo que "todas las ciudades que crecen tienen un plan".

"Todas tienen que adecuar los servicios. Aysa debería esta previendo ampliación de sus servicios. Nada es no solucionable en un plazo corto", expresó.

En cuanto a los desarrolladores que compraron terrenos en zonas ahora cuestionadas por la superpoblación de torres, dijo que "el que compró la tierra lo hizo en función de un proyecto específico".

"La normativa no puede cambiar sin dar plazos pertinentes para la presentación del proyecto. Debería haber plazos de un par de años a partir de los cuales cambiaría la normativa", propuso.

Fuente: Télam