El gobierno dispuso un incremento del 20 por ciento de las asignaciones familiares por hijo, y del 100 por ciento a las de nacimiento, adopción, matrimonio y cónyuge de jubilado.

Junto con ello, según indica un decreto publicado en el Boletín Oficial, se dispuso hasta el 31 de diciembre un incremento de los topes salariales debajo de los cuales los trabajadores tienen derecho a percibir el beneficio, como así también una actualización de las escalas.

Así, para los salarios hasta 1.700 pesos, la asignación por hijo pasará de 60 a 72 pesos; hasta 2.200, de 45 a 53; y hasta los nuevos topes de 3.000 pesos para el país y 3.500, en regiones especiales, de 30 a 36 pesos.

Los anteriores rangos eran de 100 a 1.200 y de 1.201 a 1.800 pesos, con topes 2.600 en el país y 3.000 pesos para áreas especiales.

En el caso de las asignaciones por hijo discapacitado, dentro de las mismas escalas, pasarán de 240 a 288 pesos; de 180 a 216 pesos; y de 120 a 144 pesos.

Para los jubilados con hijos a cargo, las asignaciones se incrementarán de la misma forma que para los empleados en relación de dependencia, aunque las escalas pasarán de 1.200 a 1.700 pesos y de 1.800 a 2.200, con tope de 3.500.

Por otro lado, la asignación por nacimiento pasará de 200 a 400 pesos, la de adopción de 1.200 a 2.400, la de matrimonio de 300 a 600 pesos y la de cónyuge de jubilado de 15 a 30 pesos.

En otra medida, el gobierno dispuso prorrogar hasta fin de año el régimen especial que regula los vales o tickets canasta, que establece un pago de hasta 20 por ciento del salario bruto en el caso de trabajadores bajo convenio y del 10 por ciento en los que no.

Otras prestaciones del régimen son los vales del almuerzo, reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos, ropa de trabajo, guardería, útiles escolares y guardapolvos, cursos o seminarios de capacitación y sepelio de familiares.

Por otra parte, se prorrogó hasta el 31 de diciembre el régimen especial que ofrece descuentos en las cargas sociales de las empresas que generen un incremento neto de sus planteles de trabajadores.

La medida señala que el régimen "ha demostrado ser en la práctica un instrumento de utilidad para alentar y coadyuvar a la incorporación debidamente registrada de trabajadoras y trabajadores".

El plan permite reducciones de entre 30 y 50 por ciento en las cargas sociales para la contratación de nuevos empleados, lo cual favorece, entre otras cuestiones, al blanqueo del personal contratado de manera irregular.