La futura ley de jubilación para los docentes universitarios se reactivó. Después de permanecer inmóvil en Diputados durante nueve meses, las comisiones de la Cámara baja acordaron una serie de modificaciones a la propuesta presentada por Daniel Filmus el año pasado, cuando era ministro, por lo que el proyecto deberá ser tratado en el recinto y luego volvería al Senado para buscar su aprobación. Hasta ahora, los profesores con dedicación exclusiva (investigadores) gozan de un régimen especial, mientras otro régimen beneficia a los maestros de escuelas primarias y medias. El objeto del proyecto en trámite es incorporar a todos los docentes universitarios (dedicaciones simples y semiexclusivas) en el régimen de los maestros. Con acuerdo de los gremios del sector, en Diputados se acordó modificar la propuesta original para que el haber jubilatorio sea del 82 por ciento del salario correspondiente al mejor cargo que se haya ejercido durante 24 meses seguidos. Además, si prosperan los cambios, al recibir la intimación de jubilación los docentes podrán optar por permanecer cinco años más en el cargo.

“Lo que hicieron los legisladores fue tomar los aportes de cada uno de los sectores que participaron en el debate, pero tomando como ariete político el proyecto que tenía media sanción. Es decir que el proyecto modificado contiene las ideas de los gremios, las de los propios diputados y asesores provisionales, además de contar con la mirada de los senadores que la tratarán en el recinto”, explicó el secretario adjunto de Conadu, Pedro Sanllorenti.

El proyecto de Filmus contó con la adhesión de los gremios Conadu y Fedun cuando fue presentado en el Congreso, pero fue rechazado por la Conadu Histórica. Esta federación ahora acuerda con el proyecto en trámite, porque considera que de aquél “sólo quedaron hilachas. Quedó demostrado que, si se aprobaba como estaba, iba a perjudicar a miles de profesores universitarios. Este proyecto abarca a más del 90 por ciento de los docentes universitarios, y logramos introducir profundas mejoras”, dijo Sergio Zaninelli, dirigente del gremio. Por su parte, el secretario general de Fedun, Daniel Ricci, estimó que con las observaciones impuestas se podría “decir que nuestros jubilados docentes van a percibir un haber más digno”, y destacó, entre otros puntos, que para jubilarse “los docentes deberán tener un mínimo de 25 años de servicios y no 30 como en otros regímenes”.

Dos puntos resultaron sustantivos para los tres gremios. Por un lado, la edad necesaria para jubilarse será de 60 años en el caso de las mujeres y de 65 en el de los varones. Pero, al ser intimados por el empleador, podrán optar por permanecer cinco años más ejerciendo la docencia. Por otro lado, el cálculo que se realizará para medir el haber jubilatorio saldrá del 82 por ciento del salario del mejor cargo desempeñado durante dos años continuados. Además, se incluyó una cláusula que garantiza el derecho a la jubilación por invalidez sin importar la edad, cuando se incapaciten física y/o intelectualmente; y otra donde se reconoce una pensión para los derechohabientes. Como en otros regímenes especiales, los docentes deberán aportar un dos por ciento adicional por sobre el porcentaje del sistema de jubilaciones general, que es del 11 por ciento.

Cuando se apruebe en Diputados y el proyecto regrese a la Cámara alta, los senadores revisarán los modificaciones realizadas y allí los gremios volverán a la carga para trabajar sobre los artículos en los que se establece la movilidad de la jubilación. La Conadu Histórica efectuó una medida de fuerza “contra la ley de inmovilidad” el miércoles pasado con un cese de actividades y una movilización al Congreso. El criterio que comparten los gremios es que debe calcularse la movilidad en base a “los aumentos que reciban los cargos activos”, explicó Sanllorenti. En Fedun pretenden que los ajustes “se calculen tomando como referencia los cargos actuales”. La Conadu Histórica considera ahora que la movilidad “quedó ligada” a la ley que impulsó el Gobierno y que acaba de aprobar el Congreso: “Vamos a luchar para que se respete la movilidad directa –dijo Zaninelli–, como lo indica la ley, aunque el Gobierno no la cumple”.