[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Las carreras de Psicología, Arquitectura, Odontología, Farmacia, Bioquímica, Agronomía y Veterinarias de todas las universidades del país tendrán que adecuarse a los contenidos mínimos y la carga horaria que fije el Estado. A ese conjunto se agregarán, el año próximo, las carreras de Abogacía, Contador Público, Notario y Actuario. Para poder seguir dando clases, todas deberán superar una evaluación de su calidad académica, sus plantas docentes, su infraestructura y equipamiento, entre otros aspectos, según la resolución tomada ayer por el Ministerio de Educación en acuerdo con las casas de educación superior públicas y privadas. “Para el 2005, todas las universidades deberían haber adecuado sus planes de estudios y cumplido con las demás exigencias”, dijo a Página/12 el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese.
El Consejo de Universidades –donde confluyen la cartera educativa y los rectores de universidades públicas (CIN) y privadas (CRUP)– decidió por unanimidad englobar a las carreras mencionadas dentro de los alcances del artículo 43 de la Ley de Educación Superior (LES): es decir, considerarlas “de interés público”, profesiones cuyo ejercicio puede afectar “de modo directo a la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes”, y, por eso, profesiones pasibles de ser reguladas por el Estado. Hasta ayer, sólo integraban ese conjunto Medicina e Ingeniería. “Ahora –detalló Pugliese–, el proceso seguirá con la definición de los contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la formación práctica, las actividades reservadas a cada título y los estándares de acreditación.” Todos esos aspectos deberán ser acordados para cada carrera. El Consejo de Universidades decidió, para abrir el debate, “convocar a las comunidades académicas de las disciplinas involucradas a presentar iniciativas en torno de la elaboración de los documentos correspondientes”. Uno de los puntos que posibilitó el acuerdo fue que el proceso de definición se generará “de abajo hacia arriba”, con el propósito de soslayar una de las mayores resistencias que, allá por el ‘95, generó la LES entre las universidades: su avance sobre la autonomía de las casas de estudios.
Se calcula que en un año tendrían que estar definidos los requisitos que deberán cumplir las facultades que forman psicólogos, arquitectos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos, ingenieros agrónomos y veterinarios. Otro año se les dará a las carreras para que se adecuen al nuevo régimen y, luego, serán examinadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Esta se ocupará de determinar qué universidades cumplen las exigencias y pueden funcionar, y cuáles no.
Aunque finalmente acordaron, diversas universidades presentaron objeciones a un proceso que las obligará a rediseñar contenidos, capacitar docentes y adecuar estructuras. Algunas públicas objetaron que el Estado aumente sus exigencias mientras, sistemáticamente, incumple el presupuesto. Y algunas privadas adujeron que la crisis económica multiplicó la mora y la caída de la matrícula. En lo académico, la principal resistencia provino de las instituciones privadas confesionales que dictan Psicología: no será fácil acordar contenidos mínimos dentro del amplio espectro curricular que existe hoy.