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Por Mesa Ejecutiva de Conadu *

Nuevamente, al acercarnos a fin de año el Poder Ejecutivo no transfiere a las universidades nacionales la totalidad del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional. Los pagos que registran el mayor atraso son los correspondientes a los incentivos de los docentes investigadores (19 meses), que representan 103 millones de pesos, y al FONID para los docentes de los colegios universitarios (24 meses), deuda que suma 12 millones de pesos. Así, los docentes universitarios se han convertido en un sector estatal especialmente discriminado. Ningún otro sector sufre un ajuste de tal magnitud, a los depreciados salarios, pagados cerca del día quince de cada mes y luego de abonar al resto de los trabajadores estatales, se le suma la inconstitucional quita del 13 por ciento, el no cobro de los incentivos a la investigación, que para muchos docentes significa una pérdida adicional cercana al 40 por ciento de sus ingresos, y la falta de reajuste por la inflación que, de acuerdo con el Indec, agrega una pérdida de un 40 por ciento más a todos los trabajadores. Mientras, continúa la explotación del 20 por ciento de los docentes que trabaja ad honorem por falta de recursos para incorporarse a las plantas docentes.
Proyectando hasta fin de año las transferencias de fondos para las universidades, y según los datos brindados por el Ministerio de Educación, habría una nueva subejecución presupuestaria (eufemismo de recorte) superior a los 140 millones en el Presupuesto 2002. En su mayor parte, los fondos a recortar se constituyen de ingresos que deberían percibir los docentes pero también de partidas que garantizan el funcionamiento de las casas de estudio.
Resulta cada vez más evidente que estos ajustes son absolutamente injustificados ya que en lo que va del año, a los bancos se les giraron por la vía de los redescuentos 20 mil millones de pesos, esto es, el equivalente a once presupuestos anuales de todas las universidades del país. Tal vez sería más fácil y honesto crear un impuesto a los salarios de los docentes y a las universidades para pagarles a los bancos. Durante el mes pasado también se anunciaron importantes aumentos en la recaudación, sin embargo, a la hora de analizar su destino, se siguen privilegiando a los poderosos locales y a los organismos internacionales de crédito.
La universidad se mantiene gracias al esfuerzo cotidiano de sus trabajadores docentes y no docentes. Sería hora que las autoridades de los ministerios de Educación y Economía den alguna respuesta mirando al futuro del país. Mientras esperamos que la educación pública sea una política de Estado, los docentes universitarios seguiremos defendiendo a las universidades y no vacilaremos en enfrentar los ajustes que quieren imponernos.
* Federación Nacional de Docentes Universitarios.