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Eduardo Duhalde tenía anoche a la firma el decreto de necesidad y urgencia que permitiría aumentar las tarifas de luz y de gas, omitiendo el procedimiento de audiencias públicas. “Si el incremento en electricidad no supera los 2,5 pesos por factura, lo firmo”, advirtió por la mañana el Presidente, ratificando la voluntad de disponer una suba cercana al 10 por ciento para los consumos residenciales de ese servicio. Pero no hay precisiones oficiales sobre cómo y quién renegociará los contratos modificados de hecho y que hasta el Fondo Monetario Internacional reclama revisar integralmente.
El ajuste proyectado no satisface ni en magnitud ni en carácter a las adjudicatarias. Estas aspiran a una recomposición mayor y otorgada en el marco de une renegociación contractual que aliviane las pautas de calidad del servicio y, por consiguiente, las inversiones necesarias y el régimen de penalidades.
En vísperas de las primeras frustradas audiencias públicas, las distribuidoras eléctricas capitalinas habían reclamado por escrito a Economía aumentos de entre el 36 y 38 por ciento promedio. Pero el proyecto de decreto oficial admitiría un ajuste cercano al 10 por ciento para tarifas residenciales –excepto para los consumos de hasta 300 kw. bimestrales, que estarían eximidos– y un poco mayor para los consumos industriales.
Una diferencia aún más grande podría registrarse en el caso de las distribuidoras gasíferas, a las que Eduardo Duhalde permitiría subir alrededor de un 13 por ciento su margen de distribución, contra más del 60 reclamado por ellas. En el caso de Metrogas, el borrador elevado al Presidente habilita una suba del 7,3 por ciento en los consumos residenciales superiores a 500 metros cúbicos anuales y entre un 12 y un 15 por ciento para los usuarios mayores. En tanto que el gas natural comprimido se encarecería cerca del 3 por ciento para el usuario final.
Según aseguraba ayer una fuente oficial ante Página/12, esta recomposición tarifaria permitiría compensar la suba de costos que las empresas enfrentaron tras la devaluación y garantizar el mantenimiento de las redes de suministro. Pero no expandirlas ni repagar los millonarios compromisos financieros que tienen las empresas. En otros términos, los planes de inversión o el repago de las deudas –varias privatizadas están en default– tendrán que ser costeados por futuros aumentos.
Los funcionarios admiten que se trata de una suba de emergencia. Una señal para evitar o demorar las demandas judiciales de las sociedades adjudicatarias o un mensaje hacia el FMI, que no sólo presiona para se descongelen las tarifas sino que también exige que se renegocien los contratos, aunque sobre bases muy diferentes a las que reclaman las asociaciones de usuarios.
Tanto el Fondo como las empresas aspiran a una revisión que permita adaptar los contratos a la Argentina posdevaluación, con un PBI reducido y precios móviles. Esto significa básicamente dos cosas: menores obligaciones de inversión y cláusulas de ajuste que permitan cubrir los futuros aumentos del precio o del tipo de cambio.
Las organizaciones de usuarios, en tanto, aspiran a que se establezca un régimen de premios y castigos por el cual sólo se permita aumentar a aquellas empresas que, por ejemplo, hayan reinvertido la mayor parte de sus utilidades, hubieren respetado las normas de compre nacional o no hubiesen acumulado ganancias desmedidas en relación a las posibles en otros lugares del mundo.
Este criterio no es ajeno al propio pensamiento de Roberto Lavagna, y quizás por esto los primeros aumentos beneficiarán a las privatizadas que tuvieron márgenes de rentabilidad más acotados respecto a otras (eléctricas y gasíferas). Sin embargo, las subas que Economía se dispone autorizar no resultan de una revisión integral de los contratos quepermita juzgar su cumplimiento ni se basan en un previsto sendero de precios o estándares de calidad futuros.
Anoche las potenciales beneficiarias de la suba descontaban que el DNU a firmar dispondría un ajuste “a cuenta” de otros, que surgirán de la renegociación que prevé la propia ley de Emergencia Económica y que, previsiblemente, será encarada por el próximo gobierno. De ser ordenadas así, la Justicia tendría menos argumentos para bloquear las subas.
Pero en el seno del gobierno no es fácil lograr consenso sobre el tema y definir, por ejemplo, hasta dónde avanzar con el decreto. Si, por ejemplo, prever aumentos escalonados o si sacrificar parte de los impuestos contenidos en la tarifa, tal como quienes las distribuidoras.