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Casi 32 hectáreas de tierra mendocina son el centro de una extensa disputa entre el Grupo Vila y la Universidad Nacional de Cuyo, un conflicto que lleva más de veinte años y que ahora está en manos de la Corte Suprema. La demanda, iniciada por el fallecido Alfredo Vila, sostiene que el empresario hizo mejoras en una porción de los terrenos cedidos por el Estado a la UNCu en 1980 y que, por ende, las tierras le pertenecen. Las autoridades y los estudiantes de la universidad argumentan que la figura se aplica en derecho privado y no en terrenos públicos y que la verdadera intención del dueño del multimedio es expandir su negocio inmobiliario.

Las tierras en disputa están ubicadas en la capital de Mendoza, al oeste de la avenida Champagnat y lindan con el barrio privado Dalvian, perteneciente a Daniel Vila, cuyo padre se presentó en 1986 ante la Justicia, reclamando la propiedad del terreno. El empresario aseguró haber ocupado los terrenos donde antes funcionaba el Polígono de Tiro –ubicados a cinco minutos del centro de la ciudad– de manera efectiva durante más de veinte años y que lo hizo en forma continua, pacífica e ininterrumpida.

“Ellos dicen que hicieron ‘actos posesorios’, pero nosotros pensamos que su interés es la expansión de su barrio privado”, expresó el vicerrector de la UNCu, Gustavo Kent, en diálogo con Página/12. “Estamos hablando de terrenos de dominio público, que tenían un fin público y que son inembargables. El único que puede desafectar los bienes es el propio Estado nacional por medio de una ley”, explicó.

En 1999, una sentencia del Tribunal Federal de Mendoza firmada por el juez José Manuel Rodríguez benefició al Grupo Vila. La UNCu apeló y la Cámara de Apelaciones de esa provincia –uno de cuyos miembros, Julio Petra, vive en el country Dalvian– confirmó el fallo, haciendo lugar a la demanda por usucapión (adquisición por el uso) presentada inicialmente por el empresario.

Frente a estos reveses judiciales, la UNCu presentó en 2007 un recurso de queja y luego un recurso extraordinario junto al Estado nacional, hasta que finalmente la Corte Suprema aceptó tomar el caso. Mientras tanto, el máximo tribunal estableció una medida de no innovar que el propio Vila violó un año más tarde, cuando en los terrenos en disputa aparecieron máquinas retroexcavadoras, camiones de Dalvian y una decena de obreros que comenzaron a hacer un acueducto, tal como denunciara la entonces rectora de la casa de estudios, María Victoria Gómez de Enrique. Las máquinas se fueron, pero la polémica sigue abierta y la Corte deberá expedirse en los próximos meses.

La postura de la universidad, que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) apoyó mediante una declaración, es que los terrenos que Vila pretende “están afectados al dominio público para servicios educativos, y en consecuencia no pueden ser adquiridos por prescripción”, dado que son de uso común, excepcional e inalienable. El pronunciamiento agrega que, de acuerdo con el expediente, Vila nunca pagó un impuesto que corresponda a los terrenos. “Esta es la clave de por qué la universidad sigue con el litigio y por qué la Corte acepta nuestro recurso”, argumentó Alberto Molina, organizador de la primera movilización de los estudiantes de la UNCu por este tema. “La figura de la usucapión se aplica únicamente al derecho privado: yo dejo un lote, no lo ocupo, viene otra persona, lo mejora. Pero eso no se aplica al patrimonio público”, agregó Molina, que al momento del segundo fallo se desempeñaba como miembro del Consejo Universitario.

La semana pasada, varios estudiantes realizaron una nueva protesta marchando hasta la falda de la montaña junto al actual rector, Arturo Somoza, profesores y otras autoridades de la casa de estudios. “Aquí está en juego no sólo la restitución de terrenos a la UNCu –señaló entonces Somoza–, sino que este caso constituye un caso testigo acerca de la defensa del patrimonio público.”

Este diario se contactó con el Conjunto Residencial Dalvian para conocer la postura de la empresa ante el conflicto, pero sus representantes dijeron que se trataba de “información confidencial” y que debían consultar el tema con el directorio.

Fundado por Alfredo Vila en 1970, Dalvian fue uno de los primeros barrios cerrados mendocinos. Es promocionado como “el único emprendimiento urbano integral de Mendoza” y exhibe sus trescientas hectáreas como “una zona de privilegio, planificada sólo para residentes de nivel”. Algunos de sus vecinos ilustres son el vicepresidente Julio Cobos –de acuerdo con su declaración jurada, uno de sus ingresos proviene del alquiler de una vivienda en Dalvian– y la jueza Olga Pura de Arrabal, que en los últimos tiempos adquirió notoriedad por suspender la aplicación nacional de la ley de medios audiovisuales a través de una medida cautelar.

Informe: Federico Poore.