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El Rectorado de la UBA le reclamó al Ministerio de Educación que no se base en criterios discrecionales para distribuir el presupuesto universitario. En una carta enviada a la ministra Graciela Giannettasio, el rector Guillermo Jaim Etcheverry protestó por la aplicación de “consideraciones políticas y no técnicas, es decir, sin fundamento” en el reparto de recursos. También manifestó su inquietud por una cláusula introducida por los legisladores nacionales en la Ley de Presupuesto, cláusula que fue introducida para recortar los fondos que le corresponden a la UBA.
La mayor parte del presupuesto universitario va directamente a las casas de estudios. Pero una porción queda en manos del Ministerio de Educación, que se ocupa de asignarla a las universidades. Este año la Secretaría de Políticas Universitarias iba a repartir 56 millones de pesos. Después del decreto de recorte firmado por el Presidente hace tres semanas, el monto bajó a 20 millones. Por un acuerdo entre los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la cartera educativa, esos fondos deben distribuirse siguiendo un modelo de pautas objetivas, que respeta diversas variables, en especial la cantidad de alumnos y la cantidad de docentes necesarios para atenderlos (lo que varía según la disciplina que se enseñe).
De acuerdo con el modelo de pautas, a la UBA le correspondería un alto porcentaje de los fondos a distribuir. Pero el ministerio fijó un tope: ninguna universidad puede recibir más del 15 por ciento. Esto ya ocurrió el año pasado, y a eso hace referencia Jaim Etcheverry en la carta que acaba de enviarle a la ministra: “Se aplicó un tope... basado en consideraciones políticas y no técnicas, es decir, sin fundamento que lo justificara. Esto hizo que el `modelo objetivo’ perdiera la supuesta objetividad, perjudicando a las universidades de Córdoba y de Buenos Aires. De repetirse en este ejercicio esa metodología de distribución... nos veremos nuevamente perjudicados, al convertirse en discrecional el supuesto modelo objetivo”.
En diálogo con Página/12, el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese, explicó: “Si bien fijar un tope es una decisión discrecional, la decisión está fundada en que es muy poca plata para distribuir y en que sería muy desproporcionado lo que les tocaría a las universidades grandes y a las chicas. Con el tope logramos llegar a una situación más equilibrada”. El rector de la UBA ya anunció que, de aplicarse nuevamente el tope, recurrirá a la Justicia.
Otro foco de conflicto entre la universidad más grande del país y el ministerio proviene del artículo 22 de la Ley de Presupuesto 2003. De acuerdo con el texto de la norma, la suma a repartir entre las universidades siguiendo el modelo de pautas “será distribuida exclusivamente entre unidades académicas incluidas en la órbita de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau)”. Se sabe que, desde hace varios años, la UBA mantiene una tensa relación con la Coneau, el organismo encargado de evaluar la calidad y autorizar el funcionamiento de las carreras e instituciones. De hecho, la UBA sólo ha permitido que la Coneau evalúe algunos de sus posgrados.
“Vaya uno a saber qué significa estar en la órbita de la Coneau”, se preguntó Jaim Etcheverry. En la carta enviada a Giannettasio, solicitó que el ministerio aclare cómo aplicará esa cláusula.
Un funcionario de la cartera educativa reconoció: “Eso fue puesto a propósito en el Congreso para que no le demos nada a la UBA. Es que había mucha bronca porque la UBA se cortó sola cuando todos juntos estaban reclamando un aumento presupuestario”. Por su parte, Pugliese comentó: “Lo que dice el artículo de la ley es un disparate. La UBA tiene miedo de quedarse afuera de la distribución, pero no lo vamos a hacer, la vamos a incluir”. La garantía del secretario de Políticas Universitarias regirá almenos hasta el 25 de mayo, cuando concluya la gestión del actual Gobierno. Claro que, después, las palabritas seguirán vigentes en la ley.