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La ampliación de derechos de los docentes universitarios está en debate en la Cámara de Diputados. Ante la falta de consenso para avanzar en una nueva norma que reemplace a la Ley de Educación Superior (LES), gestada en los ’90, la diputada Adriana Puiggrós y otros legisladores del Frente para la Victoria buscan modificar dos de sus artículos. Aquellos que aluden a los derechos y obligaciones de los docentes. Se propone establecer el derecho a la “estabilidad laboral” de los profesores e incorporar a los “docentes interinos” a la ciudadanía académica. En líneas generales, la propuesta cuenta con el apoyo de todo el arco gremial docente. La resisten, en cambio, los rectores de las casas de estudios, que elaboraron un documento en rechazo al proyecto. En el medio, la discusión por la “autonomía universitaria”.

“El sistema universitario argentino ha crecido mucho y es necesario planificarlo, extender los derechos laborales de los docentes –dijo Puiggrós, en diálogo con Página/12–. Tanto en las universidades privadas como en las públicas hay muchas formas de contratación –advirtió la diputada–, el sector universitario debe ser uno de los espacios más flexibilizados que existen.”

Con este diagnóstico, el proyecto de ley del ejercicio de la docencia de la educación superior se inscribe en una serie de modificatorias presentadas por Puiggrós para rectificar la dirección general de la actual LES, vigente desde 1995.

Además de la equiparación de los docentes privados con los públicos –cosa que la ley actual no hace–, el proyecto establece que los docentes universitarios tienen derecho a “la estabilidad laboral, a un régimen salarial, a la capacitación y la actualización gratuitas e integrales”. La propuesta fija además que los docentes interinos que permanezcan en una misma institución durante dos años continuos o cuatro discontinuos serán reconocidos con los mismos derechos de los docentes regulares: es decir, podrán participar del cogobierno.

“Entendemos que algunos aspectos vulneran la autonomía universitaria”, afirmó el rector Guillermo Capriste, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “La actual ley establece restricciones a las universidades sobre el número de docentes interinos. Pero, más allá de eso, tenemos reservas en cuanto a las condiciones que el proyecto establece para que un docente deje de ser interino”, sostuvo el rector de la Universidad Nacional del Sur, consultado por este diario.

Los gremios buscan profundizar el aspecto de la “estabilidad laboral”. El titular de Conadu, Carlos De Feo, señaló: “Es fundamental que este proyecto incorpore la carrera docente tal como se firmó en la última paritaria, que incluye la estabilidad por evaluaciones periódicas”. Habría consenso en la Comisión de Educación de la Cámara baja para hacerlo, pero los rectores se oponen: “Los estatutos de las universidades ya tienen su propio régimen de permanencia y promoción –salió al cruce Capriste–. La carrera docente es una de las alternativas, que por otra parte es materia de discusión en el convenio colectivo que el CIN trabaja con los gremios”. Desde el gremio Fedun se destacó el derecho a “la capacitación y formación gratuita de los docentes”. No obstante, su titular, Daniel Ricci, manifestó: “Veo positivo que se avance sobre los derechos de los docentes, pero me parece que también deberían sentarse a discutir la modificación de la ley nacional”. Una mirada similar presentó la secretaria general de Conadu Histórica, Claudia Baigorria: “Vemos que se retocan sólo dos temas de la ley del menemismo, y creemos que debe ser modificada completamente”, dijo, aunque no dejó de señalar que el proyecto “parece auspicioso, porque atiende a una realidad compleja del sector y redunda en la calidad de la enseñanza”.

“En el fondo lo que se discute es la definición de la autonomía universitaria –sostuvo Puiggrós–. Nosotros la entendemos como se la definió con la Reforma Universitaria de 1918, con conceptos humanísticos. Se trata de libertad de cátedra, de producción e investigación.” Y agregó: “La autonomía es de las universidades y no del conjunto del sistema. Es la capa antigua de la comunidad universitaria, responsable de haberle quitado valor a la autonomía vinculándola con el mercado, la que resiste a este tipo de proyectos”.

Según informó Capriste, los rectores de las universidades públicas nucleados en el CIN difundirán el próximo martes un documento donde se “hacen las reservas pertinentes sobre algunos de los puntos planteados por el proyecto”.

Informe: Agustín Saavedra.