[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió una nueva línea de investigación a desarrollar entre 2004 y 2007: son los llamados “proyectos de urgencia social”, “dirigidos a satisfacer necesidades de grupos vulnerables, con aplicación social inmediata y rápida transferencia”. En ese marco, las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias Exactas impulsan un programa conjunto para apoyar y asesorar a las empresas recuperadas por sus trabajadores.
“Hace falta una política pública hacia las empresas recuperadas. Es un problema muy nuevo y no hay una definición clara del Estado. La universidad puede darles una estructura de asesoramiento. Sobre todo, porque estas empresas arrastran una precariedad y una situación inestable que vienen del conflicto y el vaciamiento del cual surgieron”, explicó a Página/12 Andrés Ruggeri, secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras.
Dentro de la convocatoria habitual para integrar la programación científica de la UBA, el gobierno de la universidad decidió este año pedirles a sus equipos de investigación que presenten proyectos específicamente pensados para atender los problemas urgentes para los sectores sociales más desprotegidos.
El Consejo Superior consideró necesario revalorizar “la cooperación entre la universidad y la sociedad” y vincular el potencial de la institución con “la existencia de problemas acuciantes en el orden económico y social que pueden encontrar solución por aportes concretos de la ciencia y la tecnología”. La idea es que los trabajos sean inter o transdisciplinarios.
Entre los proyectos presentados –todos aguardan la aprobación de la UBA–, está el que agrupa a las cuatro facultades mencionadas bajo el rótulo “Programa interdisciplinario de transferencia científico-tecnológica con empresas recuperadas por sus trabajadores” (en adelante, ERT). De acuerdo con los investigadores del programa, hasta ahora la universidad se ha acercado a las ERT en forma aislada y desde diferentes unidades académicas, “pero sin lograr articular una política hacia el sector que dé cuenta de sus demandas”.
De hecho, la propuesta de estas facultades pretende sumar lo que vienen realizando cátedras e investigadores de cada una. Filosofía y Letras, desde el Programa Facultad Abierta, relevó a –y creó un archivo sobre– las ERT existentes, además de ofrecerles capacitación y colaborar con tareas de difusión. Además, tiene un convenio con la fábrica IMPA. Sociales cuenta con investigadores trabajando desde la cátedra de Sociología de las organizaciones y el Taller de conflicto social. Por su lado, Ingeniería, a través de su Secretaría de Extensión, asesora a la cooperativa Callao y las metalúrgicas Diógenes Taborda y Renacer. También desde Extensión, Ciencias Exactas colabora en cuestiones técnicas particulares y de impacto ambiental con el Movimiento de Trabajadores Desocupados, cartoneros y otras organizaciones.
Como objetivo general, el proyecto plantea “integrar a la universidad pública en el fortalecimiento de las ERT como alternativa al desempleo y la exclusión social, contribuyendo así a la reconstrucción del aparato productivo nacional”. Lo que los investigadores proponen no es introducir determinados planteos en las empresas recuperadas, sino brindar conocimiento “en función de las demandas de las ERT” para fortalecer su capacidad autogestiva y disminuir su “vulnerabilidad social y tecnológica”.
“Desde Ingeniería y Ciencias Exactas se puede aportar asesoría técnica, por ejemplo. Sociales y Filo podemos ayudar a diseñar políticas de apoyo o un marco jurídico para estas empresas. También pensamos armar una especie de seminario de capacitación permanente para los trabajadores. No es lo mismo trabajar en una empresa capitalista tradicional”, dijo Ruggeri. Según detalló, en una primera etapa el proyecto apuntaría a completar un diagnóstico sobre las ERT, para después, en un segundo momento, proponer modos de abordaje a los problemas detectados. El universo que los investigadores pretenden abordar está integrado por unas 160 empresas recuperadas que ocupan a más de 10 mil trabajadores en diversas ramas de la producción.