En el marco de la consabida crisis presupuestaria de las universidades nacionales, un gran revuelo generó la decisión de las autoridades de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) de distribuir una partida 2,5 millones de pesos en concepto de deuda salarial, entre las propias autoridades. En 2005, durante el mandato del rector Alejandro Jaume, se aprobó en la universidad una resolución estableciendo un adicional del 15 por ciento en concepto de “función política” para las autoridades que llegaran al cargo a través de elecciones. El adicional nunca se pagó, por falta de recursos. Ahora, gracias a la nueva partida, el rector, el vicerrector, los secretarios y los subsecretarios cobraron entre 40 mil y 100 mil pesos cada uno a fines de enero. El dirigente Aníbal Velázquez, de la Asociación de Docentes Universitarios, admitió la legalidad del pago, pero aseguró que no había “antecedentes de pagos de esas dimensiones. No hay una política de infraestructura y con esta decisión nos han descolocado para cuando volvamos a realizar gestiones por una mayor asignación presupuestaria”.