El kirchnerismo tuvo que justificar por qué la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados realizó modificaciones al proyecto de ley de promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura, que ya tiene media sanción en el Senado. En vez de que sea Martín Lousteau, ministro de Economía, quien maneje los fondos, la Cámara baja incorporó un cambio para que sea el Poder Ejecutivo el que otorgue los incentivos fiscales por 1200 millones de pesos más un cupo ilimitado para obras públicas. Desde el oficialismo explicaron a Página/12 que será la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien tome las decisiones sobre los proyectos que se presenten, aclaración que sirvió para rechazar las hipótesis de conflictos entre el Ministerio de Planificación y el de Economía.

El pasado 13 de febrero, el Senado dio media sanción al régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones entre octubre de 2007 y septiembre de 2010, como continuación de los mismos incentivos aprobados en 2004, cuando Roberto Lavagna era ministro de Néstor Kirchner. El tratamiento de la normativa fue sobre tablas, y la condición para que el radicalismo haya dado los dos tercios para el quórum fue el compromiso de Lousteau para que su ministerio sea la autoridad de aplicación. Para la oposición, el cambio evitaría que Julio De Vido, ministro de Planificación, concentrase más fondos públicos. Sin embargo, cuando el proyecto ingresó a Diputados para tratarse en la Comisión de Presupuesto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, pidió al bloque kirchnerista que cambie lo aprobado en el Senado. La senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) reconoció ante Página/12 que “muy probablemente el ministro de Economía haya sido ‘salteado’ por el Ejecutivo”. Sin embargo, fuentes del oficialismo argumentaron a este diario que estos “cortocircuitos son cosas que pasan”, pero que de ninguna manera hubo una puja entre ministerios.

“Esta modificación es un precedente totalmente irregular. El Senado votó una modificación para que haya más transparencia teniendo en cuenta que se manejan recursos coparticipables, que en vez de ir a las provincias se destinarán al sector privado y a obras públicas”, argumentó a Página/12 el diputado radical Miguel Angel Giubergia. Más allá de cuál sea la hipótesis de por qué el oficialismo adoptó posturas diferentes en el Senado y Diputados, el kirchnerismo tuvo que dar una respuesta sobre el tema, actitud que ya deja entrever que alguna cuota de poder se dirime entre la no tan sutil diferencia entre el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Economía como autoridad de aplicación para una ley que manejará mucho más de 1200 millones de pesos en cupos fiscales.