El accionar de las policías provinciales, los distintos asesinatos e intentos de encubrirlos son mencionados en varios tramos del informe. Muchos de los arrestos por averiguación de identidad o por “actitud sospechosa”, se señala, derivan en “detenciones arbitrarias por varias horas, maltratos, amenazas, coacciones, golpes, torturas o llegar incluso a la muerte”. Normas como la actual ley de drogas, agrega el informe, “faculta y habilita a la policía” a realizar procedimientos y detenciones claramente desproporcionados.

Otros puntos abordados son la ley antiterrorista y la utilización de recursos militares para la vigilancia de las fronteras. El primer caso responde a ciertas exigencias regionales y organismos como el G-20 y el GAFI y deja a criterio del juez “las acciones terroristas” o “actos extorsivos a las autoridades”. En caso de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría ser declarada inconstitucional por violar, según advierte el informe, el principio de legalidad. El segundo tema tiene relación con el Operativo Escudo Norte, lanzado por el Poder Ejecutivo, con el fin de reprimir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de bienes, utilizando radares y recursos militares.

“Este tipo de intervenciones pone en tensión el principio de que las Fuerzas Armadas no deben intervenir en cuestiones de seguridad interior”, dice el informe. Por otra parte, tal como advierte en el prólogo Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, la nueva Policía Metropolitana, más allá de su “diseño institucional moderno”, tiene una conducción política que “mostró una preocupante aceptación de casos muy graves de represión policial”.