La posibilidad de sentar a Fernando de la Rúa en el juicio oral por la masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001 quedó a punto de desvanecerse. La Cámara de Casación sobreseyó en forma definitiva al ex presidente por la muerte de manifestantes durante la represión al estallido popular que precipitó el final del gobierno de la Alianza. En un fallo dividido, la sala I de ese tribunal ratificó el sobreseimiento dictado en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadío y, luego, por la Cámara Federal porteña. Atrás quedaron los esfuerzos de los querellantes, que representan a los familiares de las víctimas, por demostrar que De la Rúa no fue ajeno a las órdenes impartidas a la policía que terminaron con la vida de casi cuarenta personas en todo el país y, por lo tanto, le cabría responsabilidad penal.

El fallo de mayoría fue firmado por los jueces Luis María Cabral y Raúl Madueño, quienes coincidieron en la desestimación de un “recurso de queja por apelación denegada” presentado por la querella y la fiscalía contra el sobreseimiento. “No se ha acreditado la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara Nacional de Casación Penal como tribunal intermedio, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, puntualizaron. También señalaron que los cuestionamientos de la Fiscalía y la querella “han sido debida y profundamente analizados tanto por el juez de la primera instancia como por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”, sin que las partes hayan rebatido “adecuadamente los fundamentos expresados en dichas decisiones”.

Dos de los tres jueces entendieron que no fueron “adecuados” los argumentos que intentaron revertir lo que los familiares denominan como “la impunidad del poder político”. Para Cabral y Madueño no fue suficiente el esfuerzo de la querella que integra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que recientemente incorporó como prueba un viejo fax aportado por la comisaría 10ª, recibido en aquel diciembre de 2001 desde la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. “Hubo una organización coordinada, la policía no actuó en forma autónoma sino bajo órdenes del gobierno: hasta ahora De la Rúa se defendía diciendo que firmó lo que le mandó la policía, esto evidencia que hubo una orden”, había dicho el abogado Rodrigo Borda, del CELS.

Sin embargo, los jueces de Casación ratificaron la postura de la Cámara Federal respecto de que De la Rúa “no tuvo injerencia en la implementación del operativo policial, o que no tuvo conocimiento del comportamiento descuidado de los funcionarios encargados del área de seguridad de su gobierno”. En su voto en disidencia, el camarista Mariano Borinsky se inclinó por admitir el recurso de queja y volver a revisar la situación de De la Rúa. Para Borinsky “el recurso fue articulado contra una resolución de carácter definitivo y con fundamento suficiente, habiendo puntualizado la parte los hechos relevantes de la causa, las normas que entiende inobservadas, así como la solución a la que aspira, razón por la cual corresponde hacer lugar a la queja”.

De la Rúa había estado procesado por los asesinatos en Capital de Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto. Pero ya no lo está. Dos de sus funcionarios de Seguridad estarán solos en el juicio oral, el ex jefe de policía Rubén Santos y el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov.