Desde 1998 uso una línea de teléfono celular de la empresa Personal. Figuraba a nombre de mi marido pero hace años es de uso exclusivo mío. Como Personal requiere la presencia del titular para todos los trámites decidimos hacer el cambio de titularidad. Pactamos sólo el cambio de nombre del titular. El resto de las condiciones preexistentes continuaron sin cambio, incluso el domicilio al que remiten las facturas y la tarjeta de la que se debitan los pagos. Se nos informó que no había ningún problema. No firmamos ningún cambio de condiciones contractuales.

Desde entonces la empresa altera unilateralmente el contrato: a) no envía el resumen mensual a nuestro domicilio. Maliciosamente, no me informa cuánto y cuándo tengo que pagar ni cómo se compone el importe correspondiente.

Intenté pedir explicaciones por teléfono. Se me dijo que “hubo un cambio de plan”. El supuesto nuevo plan, jamás pactado ni firmado, tiene condiciones más restrictivas que el anterior lo que implica que me he excedido en las llamadas autorizadas (cabe aclarar que en los 10 años anteriores no tenía ningún límite en las llamadas a realizar).

Se me exige un pago indeterminado (a cuenta del consumo excedido) para rehabilitar el teléfono, también se niegan a documentarlo.

La persona que me atiende dice no tener facultades para tomar decisiones. Le pedí hablar con quien las tuviera y me prometieron llamarme en 48 horas, contadas a partir del 2 de enero. En el intervalo, no tendré teléfono.

Más allá de que haré los reclamos correspondientes ante la empresa y los organismos de control pertinentes, señalo al señor director que si un organismo público produjera conductas como las que denuncio (inconsultas, prepotentes y con negativa a dialogar) abundarían las explicaciones y las críticas al Estado. Cuando lo hace una empresa privada, oligopólica con clientela semicautiva, creo, debería suceder lo mismo. Me parece que la condena social a estas prácticas abusivas cotidianas a las que nos someten las empresas privatizadas puede ser la sanción más efectiva. Por eso, le pido la publicación de esta carta y convoco a otros damnificados a hacerse oír.

Cecilia María Delpech

DNI 10.794.59