Hay que decirlo: siempre hay que cerrar bien las ventanas. La visita de Kevin Turner –el director de operaciones de Microsoft– a la residencia de Olivos para presentar un programa de emprendedorismo cayó como un bombazo simbólico en la vasta comunidad de software libre que apoya al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Aquella visita le hizo rascar la cabeza a más de uno de los militantes de la organización Software Libre con CFK, cuando lo vieron al empresario pisando las alfombras junto con un grupo de jóvenes emprendedores y la presentación del programa BizSpark de incentivo al uso de programas de Microsoft con el “regalo” de licencias. “Fue un problema de comunicación”, dijo la ministra Débora Giorgi el viernes pasado en una audiencia concedida a la agrupación de la que participaron este cronista y Ariel Diez, de Télam.

Con la ceremonia que una audiencia implica, con un cuadro celestial de Cristina Fernández de fondo, la ministra de Industria recibió a Javier Castrillo, Jorge Cabezas, Vladimir Di Fiore y Leandro Monk (todos de la agrupación Software Libre con CFK) junto al secretario de Planeamiento Estratégico Industrial, Horacio Cepeda; el responsable de los centros de enseñanza, Leandro García Gómez, y el responsable de Tecnópolis por el ministerio, Fabricio Alfini, a quienes la ministra “instruyó” para coordinar acciones en conjunto para colaborar en la reglamentación de la Ley de Promoción de la Industria del software.

Los “problemas de comunicación” se arreglan conversando suele decirse. Y Giorgi fue rápida a la hora de plantarse frente a representantes de diversos sectores de la comunidad de software libre. Rememoró la guerra por las patentes en paralelo por la lucha por las licencias de software y la convicción de que el software libre genera sustitución de importaciones e independencia tecnológica. “El desarrollo de software libre es una política de Estado, ya que se trata de un sector que atraviesa la cadena productiva a lo largo y a lo ancho del país”, dijo. Giorgi puso a disposición de los participantes el programa Capital Semilla, que financia emprendimientos tecnológicos con préstamos a tasa cero para jóvenes de 18 a 25 años de hasta 70 mil pesos, y dejó servida en bandeja la posibilidad de que alguien presente una ley que reglamente el uso del software libre en el Estado, algo en lo que Venezuela y Ecuador ya avanzaron.

Sin embargo, la política del gobierno argentino en materia de software ha sido de doble booteo: la posibilidad de elegir entre un sistema operativo libre y un sistema operativo privativo siempre ha sido un tema ríspido en materia estatal. Así vienen, por ejemplo, las computadoras del programa Conectar Igualdad, y la crítica que suele hacerse a ese sistema es la tendencia a la inercia de las sociedades: “No se puede dar a elegir entre ser libres y ser esclavos”, suele decir Richard Stallman, el fundador de la Free Software Foundation, hombre polémico si los hay. Cuando este cronista planteó la disyuntiva en la preciosa mesa lustrada del Ministerio de Industria, más de uno se rascó la cabeza.

Por suerte, faltaba poco para terminar. La flamante agrupación Software Libre con CFK rebozaba de orgullo: fue ésta la primera vez que la comunidad de software libre es recibida orgánicamente por un ministerio, aunque todos recuerdan la intervención de Aníbal Fernández en el primer Congreso Internacional de Software Libre. Una victoria del problema de “comunicación”. La propuesta enviada a Giorgi planteaba ejes centrales sobre los beneficios del uso de software libre: “La soberanía sobre la información pública y privada de los ciudadanos, la seguridad del acceso presente y futuro a los datos, la independencia con respecto a los proveedores y la interoperabilidad”, dicen.

La propuesta presentada el viernes también habla del crecimiento de las ventas del sector del software, de la generación de valor agregado, de la sustitución de importaciones. “La oferta actual de software privado, concentrada por empresas estadounidenses e indias, remiten sus licencias a países centrales”, dice la carta firmada por la agrupación. Como es sabido, la ausencia de licencias en el mundo del software libre transfiere valor, conocimiento e ingresos monetarios a los sectores productivos dentro de los países de desarrollo y permite cambiar de proveedores libremente.

La carta advierte que el modelo de negocio del software privado evita la transferencia tecnológica y transforma a nuestro país “en una factoría para empresas multinacionales”. La “transferencia de talentos” es un hecho en la industria del software actual y es un modelo similar al de venta de materias primas y compra de manufacturas. “Cada dólar que se paga por licencias sale del país”, dice la carta entregada el viernes. Si todo lo que propuso Giorgi es cierto, habrá mucho trabajo para la comunidad de software libre, no sólo la vinculada al Gobierno. Se cerró un poco más la ventanita, podrán decir; habrá que ver si un viento fuerte no la vuelve a abrir.

@blejman