La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó ayer su semana más importante en la década al anular una controvertida ley de Arizona, la más dura contra la inmigración ilegal. En otro caso de alto perfil, notificó que no daría marcha atrás sobre la muy criticada sentencia 2010 que abrió las compuertas para donaciones ilimitadas privadas y corporativas para las campañas políticas.

Tres de las cuatro impugnadas disposiciones en la ley de Arizona, que fue aprobada hace dos años, fueron eliminadas. Pero una cláusula a la que se oponían fuertemente los hispánicos y otros grupos de inmigrantes, que permite que la policía revise los papeles de cualquier persona que considere que está en el país ilegalmente, fue mantenida en pie, por lo menos por el momento.

Haciendo un balance, el resultado fue un retroceso para el lobby antiinmigración y podría anular los esfuerzos de otros estados, incluyendo a Alabama, Carolina del Sur y Georgia, para tomar medidas contra los inmigrantes ilegales. La decisión también dejó más claro que nunca que la inmigración será un tema clave en la campaña presidencial.

Sin embargo, la decisión de la Corte sobre el financiamiento de las campañas es otro golpe a los esfuerzos de limitar el flujo de dinero privado hacia la política en un año electoral en el que el gasto de campaña puede alcanzar los 6000 millones de dólares, una cifra sin precedente. El desafío llegó desde Montana, cuya Legislatura desafió el fallo de Citizens United de 2010 de la Corte Suprema, que sostenía que los políticos de Montana eran especialmente vulnerables a la corrupción por dinero no controlado de las corporaciones. El Tribunal Supremo de Estados Unidos convalidó ayer la legislación federal que permite a las empresas las donaciones electorales sin ningún tipo de límite. En una votación apretada, 5-4, los jueces del Supremo reafirmaron que la decisión tomada al respecto en 2010 se aplique también a las leyes de los estados sobre financiación de campañas y defendieron el derecho de las empresas y sindicatos a emplear libremente sus activos a favor o en contra de los candidatos a cargos estatales o locales.

Citizens United ha remodelado la financiación de las campañas en Estados Unidos al permitir que las corporaciones, los sindicatos y los individuos ricos inviertan grandes sumas en las campañas presidenciales y otras a través de super comités de acción política (super-Pacs) que pueden reunir y gastar sumas ilimitadas.

Todos los ojos están ahora en el jueves, cuando la Corte dictaminará si la ley de salud de 2010 del presidente Obama es constitucional. Es el caso político más serio para la Corte desde el fallo de Bush vs. Gore, que le entregó la Casa Blanca a George W. Bush en diciembre de 2000. En esa ocasión, la mayoría conservadora de la Corte prevaleció por 5-4, y en un resultado similar, para todo o parte del “Obamacare” está en juego ahora.

Aunque los jueces puedan no anular totalmente la ley, los expertos legales creen que puede revocar la provisión central del “mandato individual”, requiriendo que los estadounidenses sin seguro médico lo compren. Esto sería una derrota desmoralizadora para Obama, anulando en gran parte el logro legislativo que espera que sea su legado. Las implicaciones para las elecciones de 2012 son menos claras. Los republicanos declararán la victoria, pero los partidarios de Obama también podrían reforzarse, dirigiendo su fuego a una Corte Suprema supuestamente neutral que, dicen, en la práctica es el partido republicano vestido con togas legales.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.