En una nueva ampliación de su indagatoria por el desvío de fondos para viviendas sociales, Sergio Schoklender habló de corrido durante casi cinco horas en el juzgado de Norberto Oyarbide, sin que mediaran preguntas. Su estrategia para defenderse siguió siendo la misma que usó desde el primer momento en la causa: acusar a la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y a su hija Alejandra de tomar todas las decisiones y usar en provecho personal el dinero que les daba el Estado para construir casas. Ayer les adjudicó la compra de inmuebles y viajes al Caribe. Pero además puso énfasis en atacar al juez y decir que lo somete a un “proceso inquisitorio” armado bajo supuestas directivas del Poder Ejecutivo porque allí –dijo– “han decidido destruirme a cualquier precio”. Hoy volverá a ser trasladado a los tribunales de Retiro para asistir a una audiencia en la Sala I de la Cámara Federal, que aún debe resolver si le concede la excarcelación.

El ex apoderado de Madres está detenido desde mediados de mayo en la cárcel de Ezeiza, imputado por Oyarbide como jefe de una asociación ilícita que, según la investigación, desvió cerca de 280 millones de pesos que estaban destinados –a través de la fundación de las Madres– a la construcción de viviendas para gente de pocos recursos. Su hermano Pablo Schoklender y el contador Alejandro Gotkin obtuvieron la excarcelación, pero aún no salieron en libertad ya que no pusieron el dinero para la caución, cuyos montos (cuatro y dos millones de pesos) apelaron. Todos están implicados en la operatoria de derivar sumas millonarias hacia cuentas personales o de empresas pantalla (como Meldorek y Antártica) o bien cambiar cheques en financieras para hacerse de efectivo que no se sabe dónde terminaba.

La nueva declaración de Sergio Schoklender no aportó nuevas pruebas o datos sustanciales, aunque incluyó ciertas frases resonantes como que “el tren de vida” de Alejandra Bonafini “se fue incrementando merced al dinero que Hebe disponía para ella en las cuentas en el exterior sin notificar a la fundación”. También sostuvo que dos propiedades para Alejandra fueron compradas con dinero de la entidad: un semipiso en La Plata por 92 mil dólares y luego una casa por 348 mil. Alejandra fue indagada sobre la venta del departamento –que ella dijo haber comprado con ahorros y algún préstamo– a Meldorek, firma de Schoklender. La casa no integra la imputación. El ex apoderado aludió también a la compra de una camioneta para ella, computadoras y muebles y a “innumerables viajes al Caribe con su madre o sus parejas, también pagados con fondos de la fundación por orden de la señora Hebe de Bonafini (...) más onerosos que los viajes de Su Señoría a Punta Cana (sic)”. Cuando fue indagada, Alejandra dijo que estaba enfrentada con Sergio y que llevaba años desconfiando de él.

Schoklender insistió en su explicación de que no pudo haber “desvío de fondos” porque el Estado pagaba las obras una vez concluidas. Dijo que los trabajos fueron cumplidos y que ninguna jurisdicción los denunció ni ejecutó los seguros de caución. Lo que volvió a argumentar es que el Estado se demoraba en los pagos y él no quería parar las obras ni dejar a la gente sin trabajo. En ese aspecto incluyó al gobierno porteño, contra el que dijo que inició acciones. Según su versión, el mecanismo que se implementaba consistía en ir tomando dinero de obras ya concluidas para pagar proveedores y salarios, y reconoció que los aportes y cargas sociales eran uno de los ítem más postergados (de hecho la fundación quedó endeudada). En ese contexto, y con el argumento de que el desajuste financiero era enorme, admitió que se cambiaban cheques en financieras y se derivaba dinero a cuentas personales, en lo que no ve delito, dijo. “Se recurría como es de uso y costumbre en el mercado comercial a utilizar cheques de terceros para poder obtener el flujo de dinero que se requería para afrontar gastos fijos.” Así fue, dijo, como se usó la cuenta de su hermano (por donde pasaron más de 20 millones de pesos) y la de “infinidad de amigos, conocidos y casi cualquier persona que pasara por la puerta”.

Para Oyarbide, sin embargo, todo eso formaba parte de una maniobra delictiva para quedarse con dinero, que –en su caso– se vio reflejado en la adquisición de terrenos y otros bienes como barcos y propiedades. Sobre la compra de la famosa megaquinta de José C. Paz (con pileta, cancha de tenis y hasta disco) dio una explicación llamativa: que los dueños de los terrenos de enfrente, cuyos ocupantes estaban en riesgo de desalojo que él buscaba evitar –y construir un barrio– le dijeron que le vendían todo si también se compraba esa casa.

Schoklender acusó varias veces a lo largo de la indagatoria al propio juez Oyarbide (que no estaba presente) de favorecer a las Madres y hasta habló de su “ignorancia”. Dijo que él “no administraba” la fundación, ni firmaba estados contables, ni los veía, sino que llevaba la “dirección política” del proyecto Sueños Compartidos. Pidió que investiguen a Hebe y Alejandra por lavado, defendió a su ex esposa, también imputada, y disparó: “Es fácil agredirme y aprovechar mi situación de indefensión e inferioridad acatando las directivas de un Poder Ejecutivo corrupto que intenta tapar con un escándalo una enorme cantidad de negociados infames”. Su indagatoria, una vez más, quedó sin terminar.