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Un tema bien argentino: las villas de “emergencia” de acuerdo con el idioma oficial, o “miseria”, como las bautizó el idioma popular. Las villas “Miseria”, con mayúscula. Están pasando cosas que una democracia no puede aceptar. Aquí, en plena Ciudad “Autónoma” de Buenos Aires. Ha ocurrido un hecho que no puede ni debe silenciarse. Un suceso que llena de pena y hasta desesperación en todo ser con un mínimo de sentido de solidaridad social. Sucedió en el barrio San Martín de la Villa 31 de Retiro. Allí, Luis Alberto Ledesma Ruiz, de 29 años, murió pegado a un poste metálico que debía ser cambiado por uno de madera por el gobierno municipal de Mauricio Macri. En eso, la jueza Elena Liberatori había sido bien clara. Firmó dos medidas cautelares por las cuales el Gobierno de la Ciudad debía cambiar el tendido eléctrico en el que los postes de metal debían cambiarse por otros de madera, ya que se “encontraban amenazando el derecho a la vida” de los vecinos del barrio mencionado. Pero las obras del tendido eléctrico, que habían comenzado a fines del pasado año, se interrumpieron en el verano. Algo increíble, que no encuentra explicación. El cambio de postes nunca se inició y el Gobierno de la Ciudad informó que esa tarea no se hacía “porque no se consideraba necesario”, más allá del fallo que obligaba al gobierno comunal. El fallo de junio del año pasado, expediente No. A 277-201310, “Bravo Francia, José Manuel y otros C/GCBA s/amparo” dice que “resulta elocuente ordenar expresamente la confección de un plan de obras para disminuir el riesgo eléctrico en el barrio San Martín realizando las reparaciones urgentes que resulten necesarias. En particular realizar en forma urgente el recambio de los postes metálicos por postes de madera y provisión de alumbrado público básico”.

La muerte de Luis Alberto Ledesma Ruiz, electrocutado, fue denunciada de inmediato por los vecinos a la defensora Cecilia González de los Santos, quien llevó a cabo la presentación judicial. La investigación fue iniciada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal Nº 4. El 4 de abril pasado, la Agrupación de la Villa 31 Los Invisibles se presentó ante la Fiscalía por la falta de cumplimiento del deber por las autoridades de la Ciudad acompañando copias de los fallos de la Justicia. Dice el escrito: “Los Invisibles afirmamos que la soberbia de las autoridades, su falta de respeto hacia los derechos de los sectores populares y del cumplimiento de obligaciones republicanas hacen responsables a los funcionarios macristas que debían cumplir la orden de la jueza”. Y agregaban: “En estos tiempos en que los medios estigmatizan a los pibes de nuestros barrios, nos preguntamos: ¿Es justo que nuestros vecinos jóvenes mueran electrocutados, pegados a los postes de luz? ¿Es justo que nadie se indigne porque un gobierno municipal no cumpla un fallo de la Justicia y provoque así una muerte? ¿No importan nuestras muertes, la de los pibes pobres, por desidia de las autoridades locales? Exigimos que el Gobierno de la Ciudad asuma la responsabilidad civil y penal por el caso de nuestro vecino Luis Alberto y el urgente cumplimiento del fallo judicial para evitar más muertes invisibles”.

Otro hecho que sirve de referencia a este más que injusto episodio: el incendio de la ex Villa Cartón, acaecido el 8 de febrero del 2007. Debajo de la autopista 7, a la altura de Avenida Roca y Lacarra. Allí vivían 468 familias, la mayoría de ellas perdió sus viviendas a raíz del material inflamable con que fueron construidas. El incendio fue intencional. Ya antes, los pobladores habían denunciado que en numerosas ocasiones desconocidos arrojaban madejas de lana encendidas. Esto ponía de relieve la constante estigmatización del asentamiento cuando era notoria la crisis habitacional que existe en la Capital.

A partir de semejante injusticia se inició el interminable trajín de las familias para encontrar una vivienda. Y como siempre ocurre, las que tenían más hijos y ancianos aceptaron ser llevados en forma temporal al Parque Roca. Ante esta realidad, la Legislatura también tomó parte para tratar de solucionar este grave problema. Así es que dictó la ley 1987 modificada por la ley 2271. En la misma se garantizaba viviendas a todas las familias de la ex Villa Cartón. Con la esperanza de que se aplicara dicha ley, esas familias se refugiaron en el Centro de Evacuados. Allí sufrieron hacinamiento y contaminación, sin tener acceso a servicios básicos. Esto provocó la muerte de un bebé de cuatro meses, a más de otros problemas graves. Fue entonces que el juez Gallardo dictaminó el inmediato desalojo del Centro de Evacuados. Además, se les dio a las familias un subsidio habitacional hasta que se les otorgara una vivienda.

Pero sólo el 15/7/2010 y el 14/10/2011 se les entregaron viviendas en el complejo habitacional construido en Castañares y General Paz. Pero se dejó afuera a 192 familias, las cuales siguen a la espera y viven como pueden. El problema empeoró porque ese complejo de Castañares y General Paz tiene que ser compartido con las familias que deben ser reubicadas de la Cuenca del Riachuelo por una disposición de la Corte Suprema. Esto demuestra el déficit habitacional que ha crecido durante el gobierno de Macri, gestión en la cual hubo una casi nula construcción de viviendas.

Realidades porteñas. Es necesario decir basta y comenzar a solucionar este problema demasiado humano.

Acerca de la realidad e historia de nuestras villas de extrema pobreza, el escritor Demián Konfino –hombre de esas villas que ha estudiado como ninguno su historia y su gente– acaba de escribir un libro esclarecedor en todo sentido: Patria Villera. Es la historia de Teófilo Tapia, el habitante más viejo de la Villa 31. Allí está la realidad: sus trabajos desde el comienzo, sus luchas, sus sueños, su solidaridad y la realidad actual. Un libro para que leamos los argentinos y nos miremos al espejo.