El fiscal José María Campagnoli seguirá suspendido y sometido a juicio político por mal de-sempeño y abuso de poder. Lo decidió así el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials al rechazar el amparo en el que el funcionario pedía que fueran anuladas las investigaciones en su contra y que lo repusieran en el cargo. La resolución dice que no se ha demostrado “parcialidad” del jury y que, de todos modos, el Poder Judicial no puede interferir con los pasos y decisiones del proceso de enjuiciamiento. Aun así, dispuso que Campagnoli vuelva a cobrar el ciento por ciento del sueldo, contra la decisión del jurado de recortarle el 30 por ciento que dispone la ley.

Campagnoli fue suspendido el 12 de diciembre último a raíz de denuncias vinculadas con su actuación en la causa de lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez. La procuradora Alejandra Gils Carbó impulsó el enjuiciamiento, considerando –en función de la investigación interna– que el fiscal había forzado su competencia para intervenir en el caso, que no le correspondía; que modificó el objeto de un expediente con esa finalidad; y a su vez obstaculizó el expediente, ventilando información a través de los medios, lo que habría favorecido a los imputados. Cuatro miembros del jury conformaron la mayoría que determinó la suspensión con reducción salarial, tres votaron en contra.

En un comienzo, Campagnoli presentó una medida cautelar que fue rechazada en pleno verano en primera instancia y por decisión de los jueces “de feria” de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La nueva resolución de Cayssials se refiere al amparo, que rechaza en lo sustancial al ordenar que siga el juicio con el acusado suspendido de su cargo. Campagnoli tiene chances de apelar y es posible que lo haga, ante la Cámara del fuero y la Corte. La Procuración también podría cuestionar la reposición del salario si entrevé un mal precedente.

“El proceso de enjuiciamiento aquí cuestionado resulta claramente el ámbito propicio para que el actor pueda ejercer y hacer valer los derechos y garantías constitucionales que entiende vulnerados”, dice el texto del juez. Se trata, señala, de “un mecanismo de control republicano” y “debe permitirse su apropiado desarrollo”. “El curso del procedimiento no puede detenerse por actos emanados del Poder Judicial o del propio interesado pues ello implicaría desconocer a los órganos que el ordenamiento legal establece para su juzgamiento”, remarca.

En su demanda, Campagnoli cuestionaba hasta la composición del tribunal, especialmente por la presencia de un miembro del Poder Ejecutivo. El juez desestimó ese planteo y los que les atribuían a los miembros del jurado una actuación sesgada. “No se logra advertir con entidad suficiente la presunta parcialidad del Tribunal alegada por el amparista.” El fiscal insistía con que no le habían permitido producir sus pruebas ni acceder al expediente. El juez explica que sólo podrá cuestionar la resolución final del jurado, que solo puede ser absolución o condena, y para conseguir una revisión deberá demostrar una flagrante arbitrariedad.

Desde el momento de la apertura del juicio, a mitad de diciembre, comenzó a correr un plazo de 180 días para que el jurado decida la suerte de Campagnoli. A pesar de que aún está todo dentro de los parámetros previstos por la ley, el juez Cayssials señaló “el tiempo transcurrido” sin definición como uno de los motivos para que Campagnoli vuelva a cobrar la totalidad del sueldo. A eso le agregó “especial consideración” por el “carácter eminentemente alimentario que reviste el salario” y “circunstancias particulares por las que atraviesa” el fiscal, “se atentaría contra el sostén digno de su grupo familiar, integrado por sus cinco hijos”.

Es un punto que llamó la atención en la Procuración, donde, de todos modos, destacaron el aval al proceso. El próximo paso será una audiencia en la que evaluarán las pruebas presentadas por la defensa y por los acusadores. Luego comenzarán las audiencias del juicio político. Tendrá que ser a más tardar en julio, la fecha límite.