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La huelga de hambre de los campesinos paraguayos presos por la masacre de Marina Kue iniciada el 14 de febrero pasado –hoy se cumplen 57 días– es una cuña que impide el cierre del círculo perverso de la impunidad desatada sobre el caso Curuguaty, punta de lanza del golpe parlamentario que en junio de 2012 derrocó al gobierno paraguayo democrático, bajo un ropaje de institucionalidad jurídica. La medida de fuerza es llevada por cinco de los doce procesados que deberán enfrentar el juicio oral y público cuya fecha de inicio fue fijada para el 26 de junio de este año.

El fiscal del caso, Jalil Rachid, acusó arbitrariamente a los campesinos de tentativa de homicidio doloso, de invasión de inmueble ajeno y de asociación criminal. Ni siquiera tiene pruebas de parafina de los acusados. Las escopetas incautadas no habían sido disparadas. Las tierras son fiscales, es decir: del Estado. No investigó evidencias de ejecuciones de los campesinos muertos. El proceso que armó viola de múltiples maneras las leyes nacionales y las obligaciones internacionales de derechos humanos relativas al debido proceso. Sin embargo, a lo largo de un tortuoso devenir, se fueron cerrando sucesivamente las posibilidades de revertir los caminos retorcidos que llevan a un juicio con evidente sentencia previa.

La condena a alguna o a varias personas, sin que importe a la justicia su real responsabilidad sobre la muerte de otras 17 en la masacre, es el paso imprescindible para que el Paraguay considere oficialmente el caso como cerrado. Es el punto final forzoso que se precisa para imponer un olvido interesado sobre lo que en realidad sucedió y, en especial, sobre lo que este caso representa para un patrón histórico de dominación política, expoliación de riquezas y explotación de seres humanos, que ha sido dominante en el Paraguay.

El caso Curuguaty condensa lo que ha sido la historia económico-política paraguaya desde la posguerra contra la Triple Alianza: entrega de la tierra a empresas extranjeras, apropiación malhabida de tierras que debían haber sido destinadas para la reforma agraria, un sistema de expulsión del campesinado pobre y, más recientemente, conversión de estas tierras para la inmisericorde explotación sojera o para las incluso más crueles actividades de la producción y el tráfico de drogas; todo esto consolidado bajo las reglas de un manejo despótico y excluyente del poder político, obtenido y conservado por arbitrio de la violencia o el autoritarismo. Un sistema que sólo permite inflexiones que no rompan su coherencia y que actúa con precisión premeditada por vía de tentáculos visibles, aunque difusos en cuanto a sus responsables directos.

Hacer justicia en el caso Curuguaty rompería este esquema exitoso de poder y dominación. Por eso el juicio está cantado. Por eso la huelga de hambre es una cuña molesta, cada día mayor y cada vez más poderosa. Tal vez por eso mismo hay tanto silencio o tanto desdén de las autoridades paraguayas con respecto a la posibilidad de que cinco personas mueran por no tener confianza en obtener justicia.

Hasta el día de hoy el Poder Judicial no dio más que señales de desprecio a la posibilidad de justicia y de respeto a la vida de los cinco campesinos, y a la dignidad de esta lucha de todo un pueblo. Hasta ahora ese poder ha demostrado ser en potencia asesino. El tribunal de sentencia de Salto del Guairá denegó el miércoles 9 de abril la revisión de las medidas cautelares y el otorgamiento de prisión domiciliaria para los huelguistas. Mientras, en el ámbito internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también debe expedirse sobre una solicitud de medidas cautelares para que se suspenda el juicio oral hasta que las autoridades paraguayas definan la titularidad de las tierras donde ocurrió la masacre.

Si el juicio del caso Curuguaty siguiera con su sentencia previa declarada, el esquema de poder y dominación paraguayo ratificaría su histórica política de democratización de la muerte sobre la subsociedad campesina. Y de esta manera intentarán seguir matando la enorme dignidad del Paraguay.

* Profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento/Conicet.
** Investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE, Paraguay).