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El cálculo oficial del stock de activos externos de argentinos realizado a través de la Posición de Inversión Internacional del Indec asciende a 205.000 millones de dólares para 2012.

La estimación realizada por el integrante de Tax Justice Network James S. Henry en The blood bankers: tales from the global underground economy duplica ese monto oficial, elevándolo a 400.000 millones en 2010, que subiría a 440.000 extendiendo el cálculo hasta 2012.

Un reciente documento del Cefid-Ar escrito por Jorge Gaggero, Magdalena Rua y Alejandro Gaggero realizó ajustes a la metodología utilizada por Henry, determinando que esa suma es de 373.912 millones de dólares para 2012, sin incluir la fuga originada por maniobras de multinacionales a través de los precios de transferencia que para ese año la previeron en 13.218 millones de dólares.

Estos tres investigadores destacan que si bien esas series estadísticas sobre la evolución de las tenencias de activos externos arrojan montos diferentes, del análisis de la tendencia desde comienzos de la década del 90 surgen coincidencias importantes:

1. Se verifica un importante aumento entre puntas, que en todos los casos es superior al 250 por ciento en términos nominales.

2. Se observa un crecimiento moderado a inicios de los años noventa, seguido por una aceleración en la segunda mitad de esa década, luego una nueva desaceleración –e incluso descenso– y, por último, una nueva aceleración a partir de 2005.

3. Una característica importante es que la mayor parte de la fuga son capitales no declarados. “Los residentes argentinos sólo han declarado (a la AFIP) alrededor de una décima parte (14.370 millones de dólares, en el período fiscal 2010) del total de activos que calcula el Indec (175.024 millones de dólares, en 2010)”, apuntan.

En el libro de Henry, la Argentina ocupa el cuarto lugar de América latina y el octavo entre el total de países del “Sur” del mundo (incluye en esa categoría a China y Rusia) en valores absolutos de fuga de capitales. Sólo China, Rusia, Corea y Kuwait la superan fuera de la región, y Brasil, México y Venezuela en América latina. Si se considera la relación riqueza offshore/PIB medido en dólares corrientes, en 2010 la Argentina ocupaba el tercer puesto (después de Trinidad y Tobago y Panamá) en el ranking regional de la fuga de capitales de América latina y el Caribe y el cuarto lugar del “Sur” del mundo. La relación riqueza offshore/PIB (medido en dólares corrientes) de Argentina es superior a 1 (exactamente, 109 por ciento), cuadruplicando la de Brasil (24 por ciento) y siendo cerca de dos veces y media más elevada que la de México (40 por ciento).

En el informe del Indec se realiza una desagregación del stock de activos externos, destacando que el 85 por ciento del total corresponde a la categoría “Otros activos”, que contiene como principales ítems los depósitos bancarios en el exterior, la tenencia de divisas en billetes y las inversiones en cartera. El 15 por ciento restante corresponde a “inversión directa”, rubro que incluye la inversión en empresas y la inmobiliaria.

J. Gaggero, Rua y A. Gaggero observan que los estudios sobre inequidad económica han subestimado la riqueza offshore de las personas más ricas. Dicen que la enorme cantidad de activos mantenidos en opacas y anónimas estructuras radicadas en guaridas (“paraísos”) fiscales no resulta contemplada de modo apropiado en los cálculos de distribución del ingreso. La investigación del Cefid-Ar rescata la estimación de un ex ejecutivo de private banking de JP Morgan, Hernán Arbizu, para el 2008, sobre el monto de los depósitos de argentinos en bancos globales. Arbizu, testigo en una causa por lavado de dinero a cargo del juez federal Sebastián Casanello en Argentina y, a su vez, denunciado por JP Morgan ante los tribunales de los Estados Unidos, afirma que en ese año las colocaciones de argentinos en la banca internacional ascendía a 85.000 millones de dólares, distribuido del siguiente modo:

En Fuga de capitales III. Argentina (2002-2012). Magnitudes, evolución, políticas públicas y cuestiones fiscales relevantes, J. Gaggero, Rua y A. Gaggero explican que la fuga 2007-2012 fue financiada con el superávit de la balanza comercial. La proporción en relación con los dólares del saldo comercial positivo fue del 53 por ciento en 2007, subiendo al 97 por ciento el año siguiente. Destacan la relación existente entre fuga de capitales y el incumplimiento impositivo y la estructura tributaria, y mencionan el consenso entre especialistas fiscales de que la evasión (incluidas las cargas previsionales), considerando todos los niveles de gobierno, oscilaba en alrededor del 40 por ciento en promedio en el período 1980-2000. Dicen que con la hipótesis de que el nivel de incumplimiento haya descendido hasta el 30 por ciento (equivalente a unos 16 puntos del PIB), como consecuencia del doble efecto positivo de las mejoras normativas y de gestión, sólo la mitad (8 puntos de PIB) podría ser recaudado. El otro 8 por ciento es una suma que constituiría el nivel anual del “excedente” económico que circula “en negro” y que alimenta la fuga.

Precisan que “el importante aumento en la fuga de capitales que se produjo durante el régimen de convertibilidad se dio en el contexto de fuerte liberalización económica y políticas pro-mercado”. Esta definición revela que la fuga de capitales desde mediados de la década del 70 se ha dado en dictaduras y en gobiernos democráticos, con políticas económicas neoliberales y con otras de mayor intervención estatal, con tasas de interés locales elevadas, medidas en dólares y con tasas bajas que desalentaban el ahorro en moneda doméstica. Esa troika de investigadores abordan entonces este fenómeno económico-financiero indicando que “tiene fuertes raíces en un largo período de gran inestabilidad política, severas crisis macroeconómicas y deterioro fiscal estructural (en particular, durante la fase 1975-1991), que han implicado el arraigamiento de culturas favorables al incumplimiento fiscal y la fuga de capitales entre los residentes argentinos y las empresas que operan localmente”. Mencionan que la relativa estabilidad política durante algo más de dos décadas y las tres de restauración democrática “no han acarreado aún, sin embargo, un proceso de sustancial estabilidad económico-financiera que pudiera tener la virtud de favorecer la limitación de ambos fenómenos”. Indican, sin embargo, que existen opiniones críticas que postulan una causalidad inversa al señalar a la evasión y a la fuga de capitales como las “razones de la persistente inestabilidad económico-financiera”.

En esa línea analítica, la dolarización y creciente fuga de capitales se han agudizado a partir de la instauración de un régimen cambiario y financiero ultraliberal con la última dictadura militar, que coincidió con la tendencia mundial de apertura de la cuenta de capital y la consiguiente hegemonía de las finanzas globales. La intención del gobierno de CFK de alterar ese estado de situación con un sistema de restricción de acceso a la moneda extranjera generó muchas resistencia, pero logró frenar la fuga. En palabras de los investigadores: “Si bien se puede presumir un aumento de la utilización de instrumentos fraudulentos para evitar los controles, ésta es, sin duda, la medida que más contribuyó a frenar la salida de divisas a través de los canales formales”.

La oposición de propios y extraños al nuevo régimen cambiario logró imponer la idea de una tortura cambiaria con una definición resumida en cuatro letras cuando lo que se dispuso, con tropiezos y exageradas limitaciones en rubros menores, fue un sistema para neutralizar la fuga de capitales, acumulación de activos externos que se ha consolidado como una conducta perturbadora de la estabilidad económica.

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