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Recuerdo aquel emocionante momento histórico. Se inauguraba frente a la estancia La Anita, en el sur de Santa Cruz, a poca distancia del paraíso de los paisajes, justo a un costado de la ruta, el monumento a los peones patagónicos fusilados en 1921. Estaban presentes la hija de Antonio Soto, el dirigente obrero de aquellas huelgas, autoridades de la provincia, funcionarios provinciales, hombres y mujeres de la cultura y el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Habían pasado más de tres cuartos de siglo. Pero al fin la verdad se imponía. Luego de desconocerse el tema durante tantos años (al que se le aplicó el silencio culpable del “de eso no se habla”) se recordaba así la cruel matanza cometida por el Regimiento 10 de Caballería.
Justo allí, a pocos metros, dentro de la estancia, están las tumbas masivas con los cuerpos fusilados por haber pedido un poco más de justicia en la paga y en las condiciones de trabajo.
Bien, allí se levantó un monumento recordatorio de los caídos. En el mismo se pusieron placas recordativas: de la Cámara de Diputados provincial, de la Municipalidad de El Calafate, de la escuela de esta localidad, muy próxima al lugar de las tumbas ocultas por el silencio de todos: gobernantes, sindicatos, iglesias.
He estado hace pocos días en ese lugar. Con indignación y tristeza profunda pude comprobar que el monumento a los caídos estaba todo vejado, agraviado, ultrajado. Las placas han sido robadas o destruidas. Todo es un tembladeral donde apenas se puede avanzar por el barro y los pozos. El monumento es apenas un brazo gris, oscuro, tétrico. Todo abandonado, rodeado de soledad y mugre. No es ya un documento recordativo del comportamiento infame del Estado sino sólo un insulto a la memoria. En cambio, a pocos metros, están relucientes y recién pintadas las instalaciones de la estancia de los únicos que ganaron con aquella masacre cometida por el gobierno radical de Yrigoyen y el Ejército Argentino hace ochenta años.
Ver ese monumento tan manoseado es como si ya se quisiera aceptar para siempre el pasado que nos avergüenza, en vez de aprender allí cómo en nuestro país se ha insultado a la democracia, cómo se ha atentado contra la dignidad humana, cómo se ha maltratado al trabajador, explotándolo hasta mandarlo a la muerte. El mismo ejército que había aniquilado, en 1879, al habitante original de esas hermosas pampas, medio siglo después fue el fusilador de los trabajadores que pedían un paquete de velas por mes para iluminar los oscuros establos donde dormían y vivían y que las instrucciones del botiquín estuvieran en castellano y no en inglés, como las ponía el capital británico que se llevaba todo. No intervino el Ejército Argentino para que se hiciera justicia sino que fusiló a mansalva a los que exigían el derecho de querer vivir en dignidad.
Permanecí varias horas ante el monumento vejado. Me dice un paisano que la gente que pasa en auto se detiene aquí para orinar porque ya ni se sabe qué es, todo está abandonado.
La pregunta es: ¿quién puede haber vejado de esta manera ese monumento? Y el otro interrogante que nace es: ¿por qué nadie se encarga de mantenerlo en un estado de dignidad?, ¿quién se encarga del cuidado de los demás monumentos de la provincia de Santa Cruz?, ¿por qué los otros monumentos a Roca y el Perito Moreno están en excelente estado? Claro, ésos sí. ¿Nadie se siente responsable del monumento a los peones fusilados? ¿Por qué no se han iniciado las investigaciones para dar con el culpable o los culpables de estas destrucciones? Y una y otra vez renace el interrogante: ¿Por qué justamente se falta el respeto a los peones patagónicos fusilados y no a otros monumentos que emergen en las llanuras y bellezas patagónicas? Nombres que reafirman una historia de genocidios o de mezquinos intereses gobernantes, como la de los llamados “conquistadores del desierto” o los otros que marcaron fronteras entre países que tuvieron los mismos libertadores en vez de propender en llevar a cabo el sueño de Bolívar de los Estados Unidos Latinoamericanos, el continente sin límites internos.
Es increíble el miedo a que se investigue la verdadera historia o lo que es lo mismo, cómo se prosigue la defensa de los intereses mezquinos. Esto del mancillamiento feroz del monumento a los caídos nos hace acordar de aquella ley que en Río Gallegos promovió en 1986 el diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo, José Ramón Graneros, quien propuso que fuera de lectura obligatoria en el quinto año secundario la investigación histórica de la matanza de obreros rurales en la década del veinte. La Legislatura votó el proyecto por unanimidad, salvo la diputada radical Sureda, hija de un policía represor de esas huelgas, que se opuso a toda discusión sobre el tema. Pese a la defensa entusiasta del proyecto por la absoluta mayoría del cuerpo legislativo, el gobernador peronista Arturo Puricelli y su ministra de Cultura y Educación, Elsa Alonso de Urrusuno, vetaron la ley por el decreto 1841. De eso no se habla. La actitud del gobernador Puricelli repetía la actitud de la bancada radical en el Congreso de la Nación que se negó, en 1922, a investigar la masacre de obreros patagónicos y dejó sin quórum a la Cámara de Diputados, huyendo de lo que debería haber sido el estudio del crimen masivo más sanguinario de la democracia argentina.
El tema de la lectura del tema de los fusilamientos de las peonadas rurales no se trató más en las legislaturas y en los siguientes gobiernos de Santa Cruz. Pero, eso sí, cinco años después, en 1991, se promulgó la ley 2254 por la cual se declaraba monumento histórico provincial el lugar enclavado en la estancia Santa Ana, donde –como decimos– descansan los restos mortales de los primeros fusilados en 1921 y 1922. Esta ley fue vetada por el gobernador Héctor Marcelino García, pero se impuso la Legislatura al insistir en la resolución.
Claro que después se notó la mezquindad de quienes fueron encargados de levantar el monumento. Se construyó apenas una especie de muro gris para poner placas, sin ningún gusto artístico, en vez de llamar a concurso con los mejores escultores del país para rendir homenaje a tanto gaucho caído ante la violencia de los fusiles uniformados. Y ahora esto: la vejación, el querer cubrir los crímenes oficiales con la cobardía del accionar delictivo, el golpe en las sombras. ¿Habrán sido descendientes de los dueños de la tierra los que faltaron el respeto al monumento? ¿Habrán sido descendientes de los fusiladores, habrán sido los que pese a todo se saben dueños del poder? ¿No sólo explotar a los humildes sino también fusilarlos oficialmente para hacerlos callar en sus protestas de justicia? En pleno 2005 se repiten así, simbólicamente, los crímenes sociales de 1921. Y nadie hace nada. No se escucharon ni siquiera las protestas de gobernantes, de políticos, no hubo ningún informe policial –por supuesto– sobre los ataques contra el monumento a las víctimas del 21.
Se ha querido herir y humillar a la memoria y advertir que los que mandan siguen siendo aquellos que en 1921 impidieron toda investigación de los crímenes y obraron para que los diputados nacionales del radicalismo huyeran de sus bancas antes de comprobar quiénes fueron los responsables de los crímenes y finalmente a quiénes favorecieron esos crímenes aún impunes. ¿La democracia argentina está representada por demócratas de la sinceridad y el deber de fidelidad a las libertades o es apenas un espejo que no refleja las imágenes de sus pecados y sus egoísmos? ¿Por qué ocurren estas cosas en nuestro suelo?