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Sus abogados esperaban cautelosos la nulidad del procesamiento, pero la Sala B de la Cámara Penal Económica se pronunció en dirección contraria. La última semana no sólo confirmó el procesamiento de Walter Beltrame, “al menos” como partícipe necesario del narcoescándalo de Southern Winds, sino que elevó de 50 mil pesos a 20 millones el embargo establecido en primera instancia. Los camaristas pidieron además al nuevo juez de la causa una veintena de medidas urgentes, entre otras una revisión del rol del comodoro Alberto Beltrame en el narcoescándalo y un avance sobre la cúpula de SW. En ese marco, Wally tal vez decida volver a tribunales para hablar.
La resolución de la Cámara no incluyó sólo el procesamiento del hijo del ex jefe de la Fuerza Aérea de Ezeiza sino varias sorpresas. En primer término, los camaristas Roberto Hornos, Marcos Grabivker y Carlos Alberto Pizzatelli parecen haber desterrado para siempre la estrategia de defensa de Beltrame fundada en su baja jerarquía dentro de SW como para ordenar el embarque de las cuatro valijas a España en el mentado vuelo 6420 del 16 de septiembre. El expediente cuenta con suficientes elementos como para afirmar –dijeron los jueces– que el hijo del comodoro “habría dispuesto los elementos necesarios para la producción del delito investigado, proveyendo –por medio de sus directivas– un andamiaje fáctico suficiente que habría posibilitado la ejecución posterior del delito de contrabando”.
Con el caso Beltrame cerrado de esa manera, la sala le pidió al nuevo magistrado de la causa la producción de 19 medidas de tipo reservadas y urgentes. De su lectura se desprende que la Cámara halló una cuerda desde donde tender un puente de investigación hacia la cúpula de SW. Esa línea amplía la hipótesis de Carlos Liporace, basada en que se trataba de un negocio organizado y manejado sólo por un grupo de empleados infieles. La Cámara cree que en el narcoescándalo hubo acciones y movimientos de la jefatura de SW y de la ex PAN que –por lo menos– aún no están claros.
Hasta aquí, los hermanos Juan y Christian Maggio, presidente y gerente general de la compañía, gozan de una “falta de mérito” dictada por Liporace antes de su salida de la causa. La fiscal María Gabriela Ruiz Morales apeló la medida, pero la Cámara aún no se pronunció. El nuevo juez volvió a convocarlos a Tribunales para el 10 y 11 de junio pasado pero la audiencia se pospuso porque “el expediente estaba en la Cámara”, le explicó a este diario un vocero de SW.
En la misma condición de “falta de mérito” se encuentra Enrique Montero, vicepresidente de la compañía. El contador aterrizó en Barajas el 17 de septiembre en el vuelo 6420 donde viajaban los 60 kilos de cocaína. Los camaristas se preguntan por qué no supo del affaire de la droga hasta su regreso a Buenos Aires. Por esa razón acaban de pedirle al juez que precise una cuestión de fechas que aún sigue imprecisa: el día en el que la Guardia Civil Española descubrió el embarque.
Aunque parece mentira, los investigadores todavía no tienen claro cuándo se procedió a la apertura de las cuatro valijas. En la causa figuran dos fechas: la primera es del día 22 de septiembre, la segunda –aparentemente aportada por la comisión de investigación ad hoc enviada por Liporace a España– señala que la apertura en realidad se hizo dos días después.
Lo llamativo para los jueces son esos dos días de diferencia. Por un lado, sostienen que el dato es interesante porque la Justicia recibió la primera información del hallazgo de la droga de una denuncia de SW y no de la documentación española. Por otra parte, creen que el dato podría aportar detalles sobre Montero, dado que –si estuvo en España hasta el secuestro de la droga– creen muy poco probable que no lo haya sabido.
Otro nuevo interrogante planteado entre las medidas se refiere a la cantidad de valijas sin pasajero que se embarcaron a España el 16 de septiembre. En este caso, la Cámara intenta saber si fueron más de cuatro las valijas sin pasajero de ese vuelo, tal como sostuvo Beltrame en una declaración. Para confirmarlo o no, le pidieron al juez que coteje pasajeros con equipajes.
Fuera de ese embarque, la Justicia ya dio por suficientemente probado el envío de valijas sin pasajeros a España como práctica habitual de la compañía. En la nueva resolución, la Cámara de todos modos volvió a pedir una investigación profunda. Esta cadena de valijas o bultos volantes no le llamó la atención a Liporace. Abandonó la causa convencido de que si el grupo de empleados infieles existía y ejercía el contrabando de droga al por mayor, no lo hacía con “valijas sin pasajero” sino mediante marbetes mellizos.
Finalmente, la Sala B volvió sobre el comodoro Alberto Beltrame. Con mayor énfasis que en resoluciones anteriores, le pidieron a Vidal Durand que tome declaración testimonial a Néstor Pettinatti y a Marcelo Acosta para que detallen “pormenorizadamente las imágenes consultadas por el comodoro Beltrame en las dependencias del COC del aeropuerto de Ezeiza”. Los jueces quieren que estos operadores recuerden qué vio el comodoro, a quiénes identificó y qué comentarios hizo.
Otro de los temas es el sellado diplomático. Las valijas llegaron a España con un sello de la embajada argentina. Aunque desde el comienzo se dijo que se trataba sólo de una marca de identificación, los camaristas ahora piden “establecer por la vía correspondiente, cuál es la identificación del correo que en carácter diplomático es enviado a las embajadas argentinas en el extranjero”. Con esta línea pretenden descartar si existió una adulteración o si el affaire involucra a alguien con acceso a documentación oficial.
A Vidal Durand le dejaron más trabajo del que aún tiene pendiente. Su juzgado ordenó muy pocas medidas desde que tomó la causa. Entre las que siguen demoradas se encuentra la resolución del pedido de recusación a la fiscal María Gabriela Ruiz Morales. Vidal Durand no revisó la cuestión de fondo, una situación que inmoviliza a la fiscal.