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Por Martín Becerra *

Si algo queda claro de la gestión del canal público de televisión en los más de veinte años que median desde la recuperación del sistema constitucional en 1983, es la absoluta confusión entre lo gubernamental, lo estatal y lo público. La subordinación de lo público, que por definición excede con creces el interés del gobierno de turno, es uno de los caracteres inalterables de la gestión de los medios públicos en la Argentina.
Esta situación no es novedosa. En parte, es constitutiva de la relación que ha urdido el Estado con los medios públicos, ya que desde su mismo nacimiento Radio del Estado (hoy Radio Nacional) y el Canal 7, hace más de medio siglo, tuvieron una impronta comercial, ligada incluso con la tercerización de programas, y nulo contralor de actores sociales y políticos fuera de los gubernamentales. A pesar de las consignas presentes en muchos programas electorales, el estamento político ha venido mutando su perspectiva democratizadora acerca de los medios públicos cuando se convierte en gobierno. Los gobiernos de turno, confundiendo su propia dinámica política y su necesidad de construcción de consensos con las necesidades sociales de información y entretenimiento, suelen archivar las intenciones de promover controles públicos (sociales, sindicales, culturales, académicos), o al menos estatales (parlamentarios, de gobiernos provinciales) a los medios públicos.
En otras latitudes los medios públicos tienen un sistema de gestión y control mucho más amplio que el propio Poder Ejecutivo: así ocurre con la BBC en el Reino Unido, con las emisoras federales en Alemania, pero también con el canal estatal de televisión en Chile, por ejemplo. En estos países no siempre los medios son dóciles con el gobierno, como lo prueba la polémica instalada en Inglaterra a raíz de la cobertura de la BBC en la última invasión anglo-norteamericana a Irak. La pluralidad de voces, que el medio público debería garantizar ya que el resto de los medios comerciales persiguen fundamentalmente el afán de lucro, se corroe si el gobierno utiliza instrumentalmente a los medios que gestiona el Estado.
La reducción de lo público a lo estatal, y de lo estatal a lo gubernamental, facilita la discrecionalidad del poder de turno en el manejo de los medios públicos. Ello conspira contra la naturaleza misma de esos medios, que se apartan de la función que la sociedad les asigna al subsidiar su funcionamiento, y legitima los sempiternos embates de los militantes de la privatización a ultranza.
Una legislación que establezca mecanismos permanentes y públicos sobre los medios que gestiona el Estado debería ser analizada independientemente de que se salde la deuda que la democracia tiene con la sanción de una nueva ley de radiodifusión: la ley actual, de 1980, ha quedado obsoleta y fue convenientemente modificada en muchos de sus aspectos medulares por los gobiernos constitucionales desde 1983. En tanto, avanzar hacia medios auténticamente públicos, de manera complementaria a redefinir el conjunto de la radiodifusión, configuraría un escollo a la discrecionalidad y un respaldo a quienes apuestan por generar una esfera pública democrática auténticamente deliberativa y plural.

* Doctor en Ciencias de la Comunicación. Universidad Nacional de Quilmes.