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La Justicia busca identificar a más policías que dispararon contra los manifestantes en la masacre de Avellaneda. A casi dos años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, una pericia detectó que el sargento Carlos Leiva, quien durante la represión actuó vestido de civil, estuvo acompañado por otros efectivos que hicieron fuego contra los piqueteros. Los peritos llegaron a esta conclusión al analizar las imágenes de televisión en las que el sargento de civil quedó grabado mientras actuaba. En ellas se lo ve gatillar y además se escucha que a su lado otros hacen lo mismo.
Así lo confirmó el abogado Claudio Pandolfi, defensor de un grupo de víctimas del Puente Pueyrredón. Por supuesto que todo el mundo sabe que el 26 de junio del 2002 dispararon más policías que los tres acusados por homicidio o su intento que serán llevados a juicio. La evidencia más clara es la cantidad de heridos, ya que durante la represión hubo 33 personas baleadas con plomo, desperdigadas en un radio de 20 cuadras alrededor del puente. Pero reunir las pruebas es otra cosa.
En la persecución a los manifestantes tomaron parte dos patotas. Una avanzó por la avenida Pavón, encabezada por el comisario Alfredo Fanchiotti. Fueron los que mataron a Santillán y Kosteki. El segundo grupo se movió por la avenida Mitre, comandado por el sargento Leiva. Las imágenes de video lo muestran en la esquina de la plaza Alsina haciendo puntería contra los desocupados con la rodilla en tierra, disparando y juntando los cartuchos para no dejar pruebas. Este es el grupo sobre el que está puesta la mira.
Los policías acusados de los asesinatos serán sometidos a juicio oral y público por el Tribunal Oral número 7 de Lomas de Zamora. Se trata del comisario Fanchiotti y su chofer Alejandro Acosta, procesados por el doble homicidio y el intento de asesinato de ocho personas. Para los fiscales Juan José González y Adolfo Naldini, Fanchiotti y su chofer se movieron de manera coordinada y dispararon contra los manifestantes con el fin de darles muerte. Ahora están peleados y se culpan mutuamente por lo sucedido.
Además hay cuatro imputados por delitos menores: Mario de la Fuente, Carlos Quevedo, Gastón Sierra y el comisario Félix Vega, imputados por encubrimiento. El sargento Leiva será juzgado en otra tanda, porque estuvo prófugo durante un año en el que la investigación sobre su rol quedó congelada.
Por otra parte, habrá un juicio oral por el allanamiento ilegal al local de Izquierda Unida en Avellaneda, ocurrido poco después de la represión. Los abogados estiman que difícilmente las audiencias orales se realicen antes del 2006.
El padre de Darío Santillán, Alberto, consideró que “ya tendrían que estar todos condenados” y apuntó que “de cualquier manera es positivo que se vaya a juicio. Espero que se inicie una investigación para descubrir quiénes fueron los autores ideológicos de los asesinatos”.
Santillán integra la Comisión de Familiares y Víctimas del 26. La comisión sostiene que en los últimos meses la investigación se movió un escalón más arriba de los policías que les dispararon, al haber incluido entre los acusados al comisario Vega, conocido como el hombre de confianza del titular del PJ bonaerense Manolo Quindimil. Pero reclama que abarque “a aquellos que ocupaban cargos de responsabilidad política en el momento de los hechos: el ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá, el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, el ex ministro del Interior Jorge Matzkin, el ex secretario de Seguridad Juan José Alvarez, el ex secretario de Inteligencia del Estado Carlos Soria, el ex segundo jefe de la SIDE Oscar Rodríguez y el ex ministro de Seguridad y Justicia bonaerense Luis Genoud”. De la misma manera, los familiares y víctimas piden la apertura de los archivos de la SIDE para profundizar la pesquisa. La medida les fue prometida por el Gobierno meses atrás, pero aún no se concretó.