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La amnistía no se toca en Brasil. El Supremo Tribunal Federal rechazó ayer una demanda para revisar la Ley de Amnistía de 1979, con lo que no se podrá abrir investigaciones y juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1964-1985). Con el voto de siete magistrados contra dos que se inclinaron por aceptar la revisión de la ley, la Corte Suprema se pronunció por la constitucionalidad de la norma que fue sancionada por el régimen de facto y benefició tanto a los militares como a sus adversarios.

La mayoría de los miembros del Supremo respaldó la tesis del juez instructor, Eros Grau, quien sostuvo que “no se puede cuestionar” el valor y vigencia de la ley, pese a ser anterior a la Constitución de 1988, puesto que fue integrada al orden constitucional mediante una enmienda aprobada por una Asamblea Constituyente. Grau también consideró que el Supremo está incapacitado para “re-escribir” este texto legal y afirmó que cualquier alteración cabría sólo al Poder Legislativo.

“Es un día muy triste para los derechos humanos”, declaró el presidente de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia, Paulo Abrao, quien aseguró que el máximo tribunal decidió “ir a contramano de la historia” de otros países latinoamericanos, que llevaron a juicio a los torturadores.

Abrao lamentó que se haya impuesto la tesis de que la amnistía fue producto de un acuerdo político, que habría tenido más peso e importancia que la defensa de los derechos humanos y el rechazo democrático a la impunidad. “El Supremo ha consagrado la regla de oro de los dictadores, que dice que antes de soltar el poder no deben olvidarse de promulgar una amnistía para ellos mismos”, señaló.

La demanda había sido presentada por la Orden de Abogados y pedía establecer si la legislación amparaba incluso a culpables de delitos de lesa humanidad, como torturas y desapariciones forzosas. El colegio de abogados pedía, expresamente, una “interpretación más clara” de la amnistía y de su alcance en “crímenes comunes practicados por agentes públicos acusados de homicidio, desaparición forzosa, abuso de autoridad, lesiones corporales, violaciones y violencia contra opositores”.

La magistrada Carmen Lucia Antunes Rocha, la primera en votar ayer en contra de la revisión, afirmó que con el perdón dictado en 1979 se “buscó una pacificación del país, en el sentido de trasponer una etapa para alcanzar la paz social”. Coincidió con esta postura el magistrado Gilmar Mendes, quien dijo incluso que en la época hubo un “pacto” entre fuerzas políticas para respaldar la amnistía y buscar el inicio de una salida democrática. Mendes citó incluso la polémica de-satada en España en torno del intento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir una causa contra los crímenes de la dictadura franquista. Según Mendes, “cabría preguntarse si él (Garzón) no podría haber quebrantado sus deberes de juez, al poner en jaque un modelo de pacto y compromiso” que comparó al que, en su opinión, se alcanzó en 1979 en Brasil.