Se puede ser socio y barrabrava al mismo tiempo, y resulta imposible ocultar esa doble condición cuando existe. Si se lo intentara, las evidencias dejarían en ridículo a quien se propusiera negarlas. El 21 de noviembre de 1997, el gerente y apoderado de River, Alberto Zanotti, le envió una carta al juez de Lomas de Zamora, Miguel Carlos Navascues, que investigaba el crimen del hincha de Independiente Christian Rousoulis, asesinado por integrantes de Los Borrachos del Tablón.

En el texto dirigido al magistrado sostenía que “según información producida por las áreas respectivas, no surgen de los registros del club datos de identificación relativos a las personas apodadas `El Diariero`, `Luisito`, `El Cordobés` y `El jefe`, como tampoco de ninguna persona llamada Diego Nakayama”. Para entonces, Edgar Daniel Butassi y Luis Pereyra eran socios activos del club y respondían a los dos primeros apodos. El padrón de socios así lo señalaba.

El presidente Aguilar, después de la batalla de los quinchos, ocurrida el 11 de febrero del 2007, o sea, a casi diez años de aquella carta enviada a Navascues, anunció las expulsiones de los socios involucrados en la pelea. Entre ellos estaban los hermanos Schlenker y el asesinado Gonzalo Acro. Con la violencia ante sus narices no podía negar la vinculación con el club. Pero sí se le olvidó que algunos barrabravas, además de socios, también eran empleados de River. Aguilar dijo que, a pesar de ser presidente, no tenía la menor idea de ese vínculo contractual. ¿Se le puede conceder el beneficio de la duda? La respuesta colóquela usted.