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“Hemos naturalizado la catástrofe: los índices de pobreza, el empleo en condiciones de esclavitud, la distribución desigual de la riqueza, el sálvese quien pueda”, considera Rubén Lo Vuolo, director académico del Centro Interdisciplinario de Diseño de Políticas Públicas (Ciepp). Si bien no ocupa un lugar orgánico en el ARI, Lo Vuolo es el principal referente económico de Elisa Carrió. Egresado de la Universidad de Litoral y con un master en Pittsburgh, el economista encuentra similitudes entre la situación actual y la de los ’90. En diálogo con Página/12, Lo Vuolo disiente con Carrió sobre las críticas a las retenciones agropecuarias, pero cuestiona el uso de los recursos de esas retenciones y la falta de una estrategia para el sector.

–¿Cuáles son sus diferencias con la política económica del Gobierno?

–La principal diferencia es la falta de cambios profundos del sistema institucional heredado de los ’90. El gran cambio pasa por una alteración de las relaciones de precios, que en todo caso heredaron. A partir de allí, se reconstruyeron instrumentos de política económica, que no tuvo como objetivo alterar las instituciones de los ’90: el sistema tributario, el de previsión social y el régimen laboral. Lo que la maxidevaluación hizo es destrabar los límites que la recesión colocaba a la generación de ganancias. Lo que hizo fue recrear las condiciones para que ciertos grupos de la sociedad pudieran apropiarse de ganancias extraordinarias. Es evidente que con estos niveles de crecimiento económico ciertos beneficios se transfieren a otros sectores, pero no hay un cambio fundamental en el patrón distributivo ni en cuáles son los sectores que empujan la economía. Es un escenario similar al de los primeros años de la convertibilidad. Se aprovechan las circunstancias para construir y concentrar poder. Es un gobierno que discute todo en referencia a cómo estábamos en 2001. Si el tema es volver a estar como en 2001 o un poquito mejor implica tener la desigualdad, la dinámica económica y expulsora del pleno empleo como en 2001.

–Carrió suele vaticinar un “parto doloroso”, como metáfora de una crisis futura, ¿usted comparte esto desde una perspectiva económica?

–Lo que me llama la atención es que se siga pensando que no pasó nada y que no hubo crisis, ni que hay posibilidad de crisis. Esta es una sociedad a la que le cuesta aprender de sus propias experiencias. Legalmente, seguimos en Emergencia Económica, que le da superpoderes al Gobierno, pero por otro lado la imagen es que la crisis está superada y estamos en el mejor de los mundos. Hemos naturalizado la catástrofe: los índices de pobreza, el empleo en condiciones de esclavitud, la distribución desigual de la riqueza, el sálvese quien pueda. Esto es negar lo que ha sucedido.

–¿Usted identifica el modelo económico del Gobierno como de centroizquierda?

–Si nos referimos a la defensa de ciertos valores de izquierda, no lo veo como un gobierno que defienda ese tipo de valores. El Frente para la Victoria es una estructura creada para ganar. Sus valores pasan más por el clientelismo y la concentración de poder. Hay tres elementos fundamentales que me marcarían un cambio ideológico y económico fuerte con respecto a los ’90: primero, la igualdad por sobre otros valores, que implicaría desarmar una estructura tributaria regresiva y también crear un sistema de políticas sociales universales. Segundo, una desconcentración de poder y la creación de estructuras de control con los que la ciudadanía tenga mayor posibilidad de participar. Aquí también hay parecidos con los ’90 y hasta agravado: pareciera que los funcionarios de este gobierno no tienen ni la posibilidad de tener una opinión pública contraria a la del Presidente. Tercero, un componente solidario: en lugar de estructurar políticas que apunten a un interés general, lo que se observa son confrontaciones entre corporaciones. Los que tienen poder económico y político sacan la mayor ventaja, pero el resto de la sociedad, no.

–¿Por ejemplo?

–Es claro en el caso del trabajo informal. Y esa es la herencia de los ’90, una sociedad fragmentada y dividida. Una cosa es si se piensa que el sector informal es un problema de ilegalidad y de fiscalización de la autoridad competente y otra es aceptar que el sector formal es parte de este modelo de acumulación. Y que existe para que el resto de la economía tenga las tasas de ganancia que tiene.

–El Gobierno anunció el cambio del Plan Jefas y Jefes hacia un seguro de desempleo, que capacite para volver a emplear a los desocupados. ¿Qué diferencias tiene con el planteo del ARI de un ingreso ciudadano?

–En lugar de ser políticas universales, siguen siendo focalizadas y selectivas. En cualquier caso, hasta ahora son anuncios. La principal política social que tiene hoy el Gobierno es la generación de empleo de cualquier tipo (de alta o baja calidad) a través del crecimiento económico. El resto son medidas que se van adaptando a esa lógica. Lo que no hay es una reconstrucción del Estado de Bienestar en ninguna de las áreas: salud pública, previsión social, asignaciones sociales y programas asistenciales. La lógica de funcionamiento sigue siendo exactamente la misma que en los ’90.

–¿Por qué cree que no se inició una reforma tributaria?

–El ambiente es ideal para ensayar cambios, pero la lógica sigue siendo aprovechar al máximo los réditos de la coyuntura. Se pueden plantear reformas para que entren en vigencia en uno o dos años. Esto implicaría someter a discusión la necesidad de cambiar el funcionamiento de la fiscalidad del Estado. Tampoco se cambió el sistema previsional. ¿Es porque no puede o porque se está de acuerdo con la existencia de compañías que lucran con el aporte previsional?

–¿Qué análisis hace de los conflictos por la carne?

–Se discute si retenciones sí o si retenciones no. Ahora, ¿cuál es la política que se tiene para el sector rural? ¿Hay políticas de infraestructura rural, de sostenimiento de pequeños productores, de cooperativas? No, lo que hay es una discusión de inflación o retenciones, pero no hay un debate al interior de la configuración del sector agropecuario, donde no necesariamente todos son sectores concentrados.

–¿Comparte la crítica de Carrió a las retenciones agropecuarias?

–Ella tiene una opinión contraria y yo personalmente no critico esto, pero sí el uso de los recursos que se obtienen. Lo que sí cuestiono es la falta de capacidad para darse cuenta de que allí hay un problema estructural de oferta y demanda. Se oculta con las retenciones la carencia de una política que recomponga el stock ganadero, quite la renta de la intermediación innecesaria y mejore los canales de comercialización. Carecen de una estrategia en torno de un desarrollo equitativo del sector agropecuario, de un abastecimiento a la población en materia de carne. Lo que me resulta sorprendente es que se hayan prohibido las exportaciones, esto es, que se haya llegado a una situación de conflicto tan grande en el contexto de un gobierno que hace de la exportación una de las piedras basales de su economía.

–La defensa del sector ganadero no parece estar muy cerca de un espacio de centroizquierda...

–El sector ganadero no es sólo la Sociedad Rural. Gran parte de los problemas que tenemos tiene que ver con el desmedido e incontrolado uso de la tierra para los cultivos de soja. Son discusiones que no se plantean porque son de poco rédito político en el corto plazo.

–¿Cómo ven la conformación de Aysa en reemplazo de Aguas Argentinas?

–Esto es un reflejo de la ausencia de una estrategia con las privatizadas. En muchos casos, estaban autorizados a rescindir los contratos por todas las violaciones que se habían causado. En lugar de esto, se reinventan figuras jurídicas que posibiliten seguir haciendo negocios con las áreas de servicios públicos. A uno le quedan muchas dudas de quiénes van a ser los finales beneficiarios. Y se ha ido liberando a las empresas de su responsabilidad en las inversiones. Esto es negativo.

–¿Es negativo porque debería seguir en manos de una empresa privada o porque debería ser completamente estatizado?

–Los recursos naturales pertenecen a las futuras generaciones de los argentinos y deberían estar en la órbita de lo público.

–Esto incluye el petróleo...

–Sin duda. Llama la atención la rapidez para prohibir las exportaciones de carne y la lentitud para frenar las exportaciones de petróleo, donde es un recurso no renovable y se están drenando las reservas del país de la energía, que abastece a todo el sector productivo.

–Ustedes coincidieron, con matices, en la renegociación de la deuda con quita, sin embargo criticaron la política de “desendeudamiento” del FMI.

–En el primer caso, siempre coincidimos en la imposibilidad de pagar la deuda en los términos en los que estaba pautada. No estuvimos de acuerdo con el modo en el que el Gobierno distribuyó las cargas. Hay muchos culpables, tanto domésticos como extranjeros, a los cuales el Gobierno no tocó. Dentro de esa estrategia está el FMI, que tuvo una responsabilidad mayúscula en lo que pasó en el país.

–¿Cómo ve la gestión desde la llegada de Felisa Miceli?

–En materia de política económica, no hubo cambios. Lo que uno no tiene en claro es en qué área del Gobierno se toman las decisiones...

Reportaje: Werner Pertot.