Los accesos Norte y Oeste aplicaron desde ayer un ajuste tarifario del 15 por ciento, el primero de una serie de aumentos que quedaron habilitados por la nueva y provisoria versión de los contratos. Esta se basa en dos ejes: la desdolarización de los términos contractuales y la ligazón del precio del peaje a los costos empresarios, algo que en el contexto actual resulta una incógnita para los usuarios del índice de precios de los Estados Unidos que se usó en el origen de varias licitaciones. Pero estas nuevas pautas podrían ser sólo un amague si prosperase la impugnación judicial que alistó el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, cuestionando la sanción ficta, aval automático que el Congreso dio a esos y otros varios acuerdos con privatizadas.

En el escrito preparado para los tribunales, el ombudsman pidió que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 4º de la ley de Emergencia Económica, aquella que tras la devaluación habilitó al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos con las privatizadas y estableció el mecanismo para hacerlo. Este sendero contempla la aprobación parlamentaria, incluyendo la posibilidad de la sanción tácita o ficta, aquella que se produce cuando se cumplieron más de 60 días corridos desde que el documento en cuestión ingresó para su análisis, sin que haya podido ser debatido en el recinto.

Según destaca el defensor, esa alternativa atenta contra el artículo 82 de la Constitución Nacional, que impide expresamente un aval tácito. Amén del atendible argumento político de que “tratándose de normativa delegada en el Poder Ejecutivo Nacional”, es necesario un control más estricto del Legislativo. Un cuestionamiento que trasciende ampliamente los acuerdos con las concesionarias de peaje y que, de ser atendido por la Justicia, podría dejar sin sustento toda la cadena de acuerdos provisorios que se están renegociando.

No es el único punto que quita solidez institucional a las renegociaciones provisorias, que últimamente suelen ser retocadas con acuerdos de último momento para moderar su incidencia en el índice de precios. Aquí se enmarca la decisión de excluir hasta octubre a los camiones y colectivos de las subas instrumentadas desde ayer, que llevan de 1,90 a 2,20 pesos la tarifa que Autopista del Sol cobra hasta Pilar o Campana, y que sube a 3,4 pesos el costo para transitar el Acceso Oeste desde Liniers a Luján.

Pero estos aumentos no son los últimos, y no sólo porque queda pendiente aquella recomposición para carga y pasajeros o porque se prevé una “actualización del plan económico financiero”, que el Estado y las adjudicatarias deben concluir antes del 30 de junio.

Los acuerdos provisorios también habilitan a las empresas a pedirle al órgano regulador que autorice nuevas subas si sus costos trepan por encima del 15 por ciento, en una primera vez, o del 5 por ciento en ocasiones posteriores. Estos incrementos serán probados por la evolución del índice de Precios Internos al Por Mayor (Ipim) y el índice de Apertura del Costo de Construcción (ICC), que incluye la evolución de los salarios del sector. Estas herramientas estadísticas amagan con empujar hacia arriba el valor de los tickets, amparando la ecuación económica de la concesión del desgaste que pudiera producirle la inflación.

Eso sí, el futuro valor del peaje estará totalmente desligado del dólar, al igual que la tasa interna de retorno de la concesión. Pero esta misma regla se aplica sobre la garantía de mantenimiento de contrato, que le correspondería cobrar al Estado si la adjudicataria lo vulnerase, del mismo modo que también se pesificó la “unidad de penalización”, utilizada para castigar a las empresas si no cumplen con los compromisos contractuales, y que pasó de 0,50 dólares a sólo 0,75 pesos.

Finalmente, las actas-acuerdo también contemplan un programa de inversión hasta el final del contrato (2027 para Ausol). Pero a diferencia de otros servicios como gas, aguas o las rutas nacionales privatizadas, en este caso ni se imaginó un fondo fiduciario con aporte estatal para las obras. Estas deberán costearse íntegramente con la caja de las concesionarias, es decir, con lo que paguen los usuarios en las casillas: sólo se invertirá si es factible conseguir recursos vía tarifa.