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Por James Neilson

Digan lo que digan los muchachos severos de Transparencia Internacional que la juzgan irremediablemente corrupta, ya parece evidente que la Argentina es en verdad el país más respetuoso de la ley que pueda hallarse en este rincón del universo, uno que, según su presidente, bien podría preferir zambullirse en el caos más absoluto, arruinando a millones de personas más, a hacer caso omiso del fallo de algunos jueces de prestigio escaso. Eduardo Duhalde dice creer –y no existen muchos motivos para cuestionar su sinceridad–, que la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de ordenarle olvidar todas aquellas innovaciones pesificadoras y rebobinar la película para que la Argentina vuelva a ser como era a comienzos de enero, fue una auténtica locura, pero aun así parece dispuesto a acatar el fallo en el caso de que lo ratificara la Corte Suprema, aunque supone que las consecuencias serían “desastrosas”. Es que, como hombre de leyes en un país dominado por abogados, el señor presidente da por descontado que un principio vale más que la vida misma. Si la Argentina ha de ser sacrificada en aras de la juridicidad, que así sea: como decía el emperador Fernando I: Fiat justicia, et pereat mundus.
Si a pesar del horror que siente Duhalde el Gobierno finalmente opta por anteponer lo presuntamente jurídico a todo lo demás tendrá pleno derecho a proclamarse campeón moral planetario, porque es difícil imaginar que otros se resignarían mansamente al colapso nacional en un intento heroico de confirmar que nada pueda apartarlos de las normas constitucionales locales. Es un espectáculo conmovedor, ¿qué duda cabe?, pero por desgracia nadie salvo los familiarizados con los misterios de la jurisprudencia criolla entiende nada de lo que está sucediendo. Los de afuera atribuyen la actitud pasiva del Gobierno y del resto del país ante la debacle económica no a su compromiso inquebrantable con la ley sino a la extrema debilidad de una clase dirigente que en su opinión se ha vuelto loca de atar. ¿Qué otra forma habría de explicar la conducta colectiva de los líderes de una sociedad que, en medio de “la peor crisis de la historia”, permiten a un Poder Judicial en el que nadie confía y que, para colmo, está librando una extravagante guerra de guerrillas contra el Poder Ejecutivo, encargarse del manejo de la economía, confeccionando fallos explosivos a un ritmo frenético sin preocuparse en lo más mínimo por los daños concretos que sus intervenciones con toda seguridad ocasionarán?