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Bajo los cuestionamientos del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien considera que la convocatoria a audiencias públicas tal como ha sido realizada es “ilegal”, el Gobierno prevé comenzar la semana que viene ese debate público. La base, según confirmó ayer Eduardo Duhalde, será una “tarifa social” para el gas y la electricidad, beneficio que tendrá la mitad de los usuarios.
Mondino reiteró críticas por el modo como han sido convocadas esas audiencias que, a su juicio, deberían haber sido organizadas por los entes reguladores y con el “verdadero propósito de discutir la magnitud de un aumento y no sólo para convalidar un ajuste ya resuelto”. Lo que el Defensor del Pueblo no explicó es si, basado en esta opinión, se opondrá por la vía judicial a las reuniones o si las tolerará a pesar de los cuestionamientos que hizo públicos en los últimos días.
Las audiencias públicas comenzarán la próxima semana y servirán para disponer, luego de ellas, un ajuste para casi todos los servicios públicos privatizados. Sus precios, según subrayó ayer Duhalde, “están congelados desde hace nueve meses” y el inminente incremento será el primero de una serie que se completará en los próximos meses.
Los consumidores más modestos de energía eléctrica (de hasta 300 kilovatios hora) y de gas estarán exceptuados de ese aumento gracias a la aplicación de la “tarifa social”. Pero ese excepción no se hará a costa de los ingresos de Edenor y Edesur ni del Estado –vía recorte de impuestos– sino aumentando más de lo previsto al resto de los usuarios, que sí verán ajustado el costo de sus servicios.
Si bien la instrumentación de este criterio fue planteado por el Gobierno como una iniciativa propia, se trata de una idea fogoneada desde las propias prestadoras del servicio. Las empresas saben que hay un segmento de usuarios al que sería imposible aplicarle cualquier suba, simplemente, porque ya no puede afrontar el costo actual del servicio, razón de la creciente morosidad registrada en los padrones de clientes.