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Roberto Lavagna viajará el jueves a Washington sin esperanzas de destrabar el acuerdo con el FMI. Según admiten sus colaboradores, el Fondo sigue insistiendo con un puntilloso listado de condiciones, algunas de las cuales implicarían nuevos costos políticos para la exhausta administración Duhalde. Pero, además, la cúpula del organismo pretende alguna clase de compromiso público de los candidatos presidenciales, avalando las negociaciones. Sino, como dijo Anne Krueger, el acuerdo recién se cerraría con el próximo gobierno. “Como ya no tienen intenciones de firmar nada con Duhalde, piden cualquier cosa”, confesó, fastidiado, un funcionario lavagnista a este diario.
El jueves pasado, el titular del Fondo Monetario, Hoerst Koehler se comunicó telefónicamente con Duhalde para repasar los reclamos que le hizo llegar mediante una carta el día anterior. La misiva incluye una serie de exigencias conocidas, que ya fueron reflejadas en la prensa: frenar los amparos, poner en marcha el pacto de recorte de gastos provinciales y lograr el compromiso de la Corte Suprema para que no anule la pesificación, entre otras. Sin embargo, también contiene dos exigencias concretas, de un alto costo político:
- Una es la reprogramación de los depósitos a plazo fijo que deben empezar a pagarse en el 2003. “Esto demuestra que actúan como lobbistas de los bancos”, disparó un colaborador del ministro ante este diario. En realidad, el Fondo quiere esperar al resultado del segundo canje de depósitos por bonos. Y si no significara una mejora sustancial en las condiciones monetarias para los bancos –es decir, que una mayoría de los ahorristas opte por los bonos, postergando la devolución de plazos fijos a partir del 2005–, volvería a presionar por extender los plazos de los depósitos reprogramados. La carta de Koehler dice textualmente que se debe “resolver el problema de los depósitos reprogramados” (“time deposits”) a partir del 2003.
- La otra condición es el veto de ser aprobadas dos leyes que ya tienen media sanción del Senado: la controvertida ley del 2 por ciento sobre los depósitos, para la creación de un fondo de desempleo para los bancarios; y la llamada ley Alfonsín, que responsabiliza a las casas matrices por los depósitos de sus filiales en el país. Es curioso, pero así quedaría demostrado que para los banqueros sería más sencillo “voltear” una ley del Congreso argentino recurriendo a Washington que respondiendo a supuestos pedidos de coimas de los senadores. ¿Habrá también pedido de sobornos por parte de los funcionarios del Fondo?
A esas condiciones se suman las que hizo llegar en las últimas horas a Lavagna y al presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, el jefe del Departamento de Estudios Monetarios del FMI:
- Definir el plan de reforma de la banca pública.
- Otorgar inmunidad legal no sólo al Directorio del Banco Central sino también a los funcionarios de la entidad encargados de la supervisión bancaria.
- Limitar los redescuentos a los bancos y establecer reglas para su asignación.
Así las cosas, Lavagna viajará esta semana a Washington, para participar de la Asamblea Anual del FMI, con el fantasma del default con los organismos internacionales acechando. Durante la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial habrá dos temas excluyentes: Irak y la Argentina; es decir, un país a punto de ser bombardeado y otro que ya fue diesmado.
En los últimos días, el Gobierno dejó en claro que no piensa pagar con las reservas del Central el vencimiento de 800 millones de dólares con el Banco Mundial del 15 de octubre próximo. “No pagar es un desastre. Pero pagar es una locura”, explicó a Página/12 un funcionario de Lavagna. Entrar en default con los organismos internacionales no implicaría sanciones inmediatas para el país, pero sí olvidarse por un buen tiempo de recibir nuevos créditos de Washington. Por eso, hoy la máxima aspiración de Lavagna es encontrar durante su viaje alguna fórmula legal –hastaahora desconocida– que permita postergar los más de 2000 millones que vencen hasta fin de año con el Banco Mundial y el BID.