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Luego de los incidentes y la represión policial del viernes en San Salvador de Jujuy, la Justicia detuvo a otros cinco piqueteros y dirigentes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), el gremio de Carlos “Perro” Santillán. Sumados a los presos de las primeras razzias, anoche había en total 184 detenidos y 55 órdenes de captura pendientes. Los abogados de la Corriente Clasista y Combativa presentaron hábeas corpus por veinte militantes, cuyos paraderos se desconocen. Toda la dirigencia del SEOM y los principales referentes de la CCC local están bajo arresto o con orden de captura.
Entre los nuevos detenidos figura el secretario general del SEOM, Juan Carlos Bejarano. También el yerno de Santillán y titular de la CCC-Jujuy, Lucas Arias, tiene pedido de arresto. La abogada Mariana Vargas relató a Página/12 que en los operativos la policía golpeó al padre de los jóvenes Hugo y Sergio Gérez para que dijera en qué lugar se escondían sus hijos, y se llevó detenida a la madre de ambos.
Santillán vinculó la represión con el atentado que sufrió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, episodios a los que consideró parte de una “nueva y feroz oleada represiva”.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez Juárez Almaraz, bajo los cargos de “atentado contra el orden, intimidación pública, instigación a cometer delito, daños agravados reiterados y robo en poblado, y en banda”.
Los disturbios por los que se abrió la causa judicial ocurrieron el viernes. Mientras en Buenos Aires se realizaba la marcha a la Plaza de Mayo con la consigna “que se vayan todos” y “contra la trampa electoral”, militantes de la CCC, la CTA, del Frente de Gremios estatales, desocupados y partidos de izquierda se movilizaron en la capital de Jujuy. La marcha fue pacífica. Cuando terminaba, según consignó el diario Pregón, se produjo un incidente entre policías que se movilizaban en un furgón y un grupo de manifestantes. Iniciada la represión con gases lacrimógenos y balas de goma, siguieron los disturbios. Unos 30 negocios, la casa del diputado nacional Miguel Giubergia y 15 automóviles quedaron con los vidrios rotos. Dos patrulleros sufrieron daños.
Tras los incidentes, la policía allanó los barrios de los desocupados y se llevó a decenas de detenidos. A las cinco de la tarde hubo grupos de militantes y familiares que se reunieron en la puerta de la brigada para reclamar por la libertad de sus compañeros: la abogada Vargas denunció que también ellos terminaron presos.
José María Galli, profesor de la Universidad y asesor de los desocupados, se retiró temprano de la marcha para ir a la facultad, donde estaba cuando se produjeron los disturbios. Cuando se enteró de lo que había ocurrido, fue a la Jefatura de Policía para pedir información. Allí quedó arrestado, con cargos.
Ayer por la mañana, los defensores presentaron pedidos de hábeas corpus por una veintena de militantes. Temen que estén detenidos, pero no blanqueados. “Pensamos que eso puede estar pasando porque hubo mucha reticencia para dar a conocer el listado de personas presas”, señaló a este diario el dirigente Víctor Aramayo. “La lista original era de 109 detenidos; como insistimos en que faltaba gente, nos dieron una segunda lista con 115 nombres, luego reconocieron 120; a medida que aumentó la presión, sumaron otros más y en la noche del sábado nos dieron un último listado con 179 personas.” Ese día no hubo procedimientos y el domingo se realizó la segunda tanda de capturas.
“De los 184 presos, por lo menos 36 son menores. Otros veinte estaban vendiendo discos compactos en la zona, hay jóvenes que dicen que fueron llevados al penal cuando volvían de una fiesta de su escuela y dos camioneros”, detalló la abogada Vargas.
En la Plaza de los Inmigrantes, frente a la cárcel, unos 500 manifestantes acampan desde el sábado, en señal de protesta. Los desocupados de La Matanza cortarán hoy la Ruta 3 a partir de las 10 de la mañana para exigir la libertad de los presos. Luis D’Elía (CTA) y Juan Carlos Alderete (CCC) anticiparon que el miércoles se podría realizar una jornada nacional con el mismo reclamo.