Treinta y cinco empresas exportadoras de granos deberán pagar al fisco alrededor de 650 millones de dólares por retenciones mal liquidadas. Dentro de ese universo se encontrarían varias de las multinacionales que operan en el sector. El titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Ricardo Echegaray, ya firmó una resolución –lleva el número 1487– que instruye a la DGI y a la Aduana para que practiquen el ajuste. El funcionario lo informó ayer públicamente ante el plenario de comisiones de Agricultura y Presupuesto en la Cámara de Diputados. Según dijo, las exportadoras pagaron retenciones por 940 millones de dólares cuando debieron hacerlo por alrededor de 1590 millones.

Echegaray explicó que las empresas registraron 8,6 millones de toneladas de cereales para exportación entre el 10 de octubre y el 8 de noviembre pasados. Al hacerlo, congelaron la alícuota de los derechos de exportación a liquidar, en ese momento en 27,5 por ciento para el caso de la soja. El día 9 de noviembre, el Gobierno subió las retenciones a 35 por ciento, pero en principio las exportadoras lograron que los 8,6 millones de toneladas declarados antes de esa fecha quedaran al margen del aumento. Frente a la maniobra, el Congreso sancionó el 26 de diciembre pasado la llamada ley Martínez Raymonda, que obliga a la Oncca a revisar si las exportadoras contaban con la mercadería en su poder cuando anotaron las ventas en el registro oficial. De no haber ocurrido así, las empresas quedan obligadas a pagar la alícuota que corresponda al momento de efectivizar las exportaciones.

Lo que hizo Echegaray ayer fue dar los resultados preliminares de esa investigación. “Sobre 8,6 millones de toneladas declarados antes del 9 de noviembre, las empresas exportadoras no pudieron acreditar que ya hubieran comprado para esa fecha 6,2 millones de toneladas”, reveló. En consecuencia, sobre esos 6,2 millones de toneladas las compañías deben pagar la diferencia entre la alícuota de 27,5 por ciento que regía al 8 de noviembre y la que exista el día en que concreten la exportación. A valores de ayer, cuando la retención a la soja estuvo en 46,5 por ciento, la diferencia asciende a 650 millones de dólares.

“57 empresas exportadoras presentaron 1316 declaraciones juradas de exportación por 8,6 millones de toneladas antes del 9 de noviembre. Ya hemos detectado que 35 firmas no tenían la mercadería en su poder por un total de 6,2 millones de toneladas. Por lo tanto, instruí a la DGI y a la Aduana para que practiquen el ajuste correspondiente en la liquidación de los derechos de exportación”, se explayó Echegaray ante los diputados. El funcionario sostuvo que se basó en la ley Martínez Raymonda y “en la resolución reglamentaria, número 764 del 12 de mayo”, puntualizó.

El funcionario buscó responder de ese modo a las denuncias de un sector de la oposición y a las explicaciones ofrecidas por las exportadoras que habían tenido lugar más temprano en las mismas comisiones de Diputados (ver nota aparte). Según dijo, la investigación todavía no está terminada, por lo que podrían surgir nuevas correcciones.

En su exposición, Echegaray defendió la aplicación de retenciones móviles e hizo una encendida defensa del mecanismo de compensaciones a los pequeños productores, que administra la Oncca. “En 75 días autorizamos el pago de reintegros por 450 millones de pesos, la mitad de todo lo que se entregó en todo 2007”, destacó, marcando diferencias –y exponiendo la interna– con la gestión anterior, a cargo de la Secretaría de Agricultura.

Igual de enfático fue para embestir contra las cuatro entidades agropecuarias, que boicotean –aunque se cuidó de no usar esa palabra, reemplazándola por el eufemismo “falta de colaboración”– el mecanismo de compensaciones a los pequeños productores, que los libera de la última suba de retenciones. Se trata de los reintegros para aquellos que producen hasta 500 toneladas de soja y girasol. “El 2 de mayo invité a Federación Agraria, Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Coninagro a que participen de los reintegros, visando los trámites de los productores. Al día de hoy ninguna lo ha hecho”, acusó. “Aun así, quienes logran hacer los trámites están cobrando las compensaciones en el término de diez días”, sentenció.