Desde París

Francia y España prosiguen su cruzada europea contra la inmigración. Los jefes de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Francia, François Fillon, se encuentran hoy en Zaragoza en el marco de una reunión hispano-francesa de alto nivel centrada en la política europea de inmigración. Ambos adoptarán un texto que esboza un marco general para la futura política europea de inmigración, que es el argumento central de París para los próximos seis meses en que asumirá la presidencia rotativa de la Unión Europea.

Este documento de carácter político carece de valor jurídico, pero servirá de punto de partida para diseñar un consenso europeo en torno del tema inmigratorio, cuyo escenario o caja de resonancia será la cumbre europea del próximo mes de octubre. El texto sobre la inmigración que se firmará en Zaragoza es el fruto de un compromiso entre dos visiones que no coinciden en todo, es decir, la de un Ejecutivo socialista y la de otro de derecha, pero que trabajan en dirección de un mismo objetivo: limitar la inmigración y hacer del inmigrado ilegal un delincuente común. Francia, en cuanto asuma la presidencia de la UE el 1º de julio, promoverá un “pacto europeo de inmigración”, cuyas dos columnas son la imposibilidad de que un Estado de la Unión proceda a regularizaciones masivas sin la autorización de los demás y una suerte de contrato de integración, mediante el cual París proponía que cada candidato a la inmigración legal conociera el idioma y los valores del país de destino. Francia, a pedido de España, aceptó retirar del proyecto inicial la referencia al contrato de inmigración. El acuerdo apunta a reforzar el control de las fronteras del este y sur de la Unión Europea a través de nuevas tecnologías –visados biométricos– y más recursos para la policía de la Unión.

El texto final del pacto europeo podría incluir la posibilidad de que cada país miembro aplique “su propio recorrido de integración” para los inmigrados. Según fuentes diplomáticas, Francia también habría aceptado matizar otro capítulo del texto inicial. Se trata de uno de sus puntos más fuertes: el que comprometía a cada Estado a no llevar a cabo regularizaciones masivas de inmigrados ilegales. No se conoce aún el perfil de la nueva orientación, pero es lícito dudar de la profundidad del cambio, ya que éste es el argumento central del pacto europeo defendido por el gobierno conservador de Nicolas Sarkozy.

El tema inmigratorio será sin lugar a dudas un discurso permanente durante los próximos seis meses. Es paradójico constatar la manera escueta, burlona y muchas veces irónica con que la prensa francesa dio cuenta de la reacción que provocó en América latina la Directiva Retorno adoptada por el Parlamento Europeo. Los reclamos de la diplomacia de casi todo un continente pasaron a la rúbrica de hechos menores o fueron presentados como “un problema de comprensión”.