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Por Aldo San Pedro *

En una esquina de la ciudad ecuatoriana de Quito se lee un graffiti que dice “si la privatización es la cura, ¿por qué la Argentina agoniza?”. Lentamente, los argentinos nos vamos acostumbrando a ser citados como ejemplos de lo que un país no debe hacer.
Con el argumento de la transparencia, de mayor competitividad y de diversificación de las actividades financieras han vuelto a aparecer quienes reclaman por la privatización (u otros eufemismos) de la banca pública. Los argumentos, aunque gastados, han logrado que el tema se instale en la opinión pública.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires ha sido durante su historia el principal instrumento para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa bonaerense, así como una herramienta primordial para la expansión del sector agrícola. Pero defender la banca pública no implica amparar los negociados que se han hecho a expensas de ella.
En consonancia con los lineamientos ultraliberales de la década menemista, los últimos directorios han virado radicalmente la orientación del Banco. De este modo, el Banco se convirtió en atento –e indulgente– prestamista de los grupos de poder parásitos del Estado bonaerense (Gualtieri, Soldati, Yoma SA, Pérez Companc, entre otros). Peor aún, la deuda de estos holdings fue transferida el año pasado a los contribuyentes de la provincia, con la creación de un fideicomiso que abarca los préstamos cuyos beneficiarios se consideraban insolventes. El monto de la deuda traspasada a los bonaerenses fue de 1100 millones de dólares.
El informe final de la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense, encargada de investigar los préstamos declarados incobrables, denunció irregularidades de todo tipo, desde la concesión de los empréstitos a la ejecución de las garantías de los deudores. Pero para que haya un corrompido tiene que haber un corruptor, por ello no debe desconocerse el sospechado manejo de las empresas involucradas.
Los emprendimientos asociativos de las entidades del Grupo Bapro deben tener la aprobación previa de las dos Cámaras provinciales y además es necesaria la sanción de una enmienda constitucional que establezca la imposibilidad de la privatización parcial o total del Bapro. En línea con aquel graffiti ecuatoriano, alguien podría escribir en la pared de alguna de las sedes del Banco Provincia “última joya de la abuela se liquida”.

* Diputado bonaerense de La Corriente (alineada con N. Kirchner). Ex presidente de la Cámara de Diputados.