[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El jefe de la Federal en la provincia de Santa Fe, comisario Evar Miguel Kleisinger, fue detenido e incomunicado por orden de un juez porteño, acusado de torturas seguidas de muerte. Hasta ahora, los méritos bizarros sobre casos semejantes los llevaba la Bonaerense. Pero es la primera vez en que la Federal se registra por el delito más grave del Código Penal ante la Justicia, aunque está claro que no por ausencia de casos sino por encubrimiento de ellos (recordar a Bulacio, por ejemplo). El hecho ocurrió en 1991, cuando Kleisinger era oficial principal en la seccional 18ª de San Cristóbal. Armando Caraballo, detenido según la policía por ebriedad –aunque jamás registraron el motivo–, terminó en el hospital con traumatismo de cráneo. Un mes y medio después murió por los golpes recibidos. “El detenido se tropezó”, dijo la policía, además de infinidad de contradicciones que demandaron 11 años destrabarlas. Al detenerlo, a Caraballo le aplicaron los edictos cuya vuelta reclama ahora el jefe, Roberto Giacomino.
A las siete de la tarde del miércoles pasado, una comisión de Prefectura se presentó en San Martín 3381, sede de la delegación de la Federal en Santa Fe. Buscaban a su jefe, el comisario Evar Miguel Kleisinger. La sorpresa fue mayúscula cuando el jefe Evar salió con las muñecas juntas en la espalda e incomunicado. La comisión cumplía una orden del juez federal 2 santafesino, Francisco Miño, respondiendo un exhorto del juez de instrucción porteño Eduardo Daffis Niklisson. La carátula: “Torturas seguidas de muerte”.
A principios de 1991, cuando Kleisinger militaba como oficial principal en la seccional 18ª, de San Cristóbal, fue detenido Armando Caraballo. Según aseguraban en la comisaría, le habían aplicado uno de los edictos policiales por entonces vigentes: ebriedad. Según relató el propio Caraballo a su esposa, “nos levantaron a un montón y nos metieron en un colectivo”. Al día siguiente, por la mañana, Caraballo fue enviado al hospital Ramos Mejía, para atenderse por un fuerte golpe en la cabeza. Al llegar a su casa, mareado, sucio y confundido, sólo repetía “me pegaron, me pegaron”. Cuarenta días después, falleció a causa del traumatismo de cráneo. El caso recayó en el Juzgado 31 del entonces juez César Quiroga.
“Había un montón de incongruencias –aseguró a Página/12 una fuente judicial–. Los policías sostuvieron que lo habían detenido por ebriedad pero no existía un sumario por tal motivo. Sí había un sumario por accidente.” Tal sumario sostenía que Caraballo se había tropezado y citaba como testigo a un compañero de celda. Pero el testigo declaró a la Justicia: “Yo estuve detenido pero todo el tiempo solo”. Además, en la 18ª aseguraban que Caraballo y su supuesto compañero de celda habían sido detenidos juntos. Pero en el libro de ingresos de la seccional el testigo figuraba detenido a las 20, y Caraballo a las 9 de la mañana del día siguiente. La argumentada contravención por ebriedad no figuraba en el sumario. “Se perdió en una inundación”, declararon los policías.
El sumario por accidente también tenía curiosidades: Caraballo se golpeó a las 8.50, pero fue ingresado al Ramos Mejía a las 7.30. Se deduce que en clara actitud preventiva, lo enviaron al hospital antes de golpearse.
Otro detalle también llamó la atención de los investigadores: el sumario por accidente era el único guardado en la caja fuerte de la seccional. Cuando la Justicia preguntó el motivo, los policías respondieron: “Por si lo pedía la Justicia”. “Fue un fallido –señaló una fuente judicial–. Si era un accidente en el que fue dado de alta ¿por qué suponían que la Justicia iba a intervenir? y ¿por qué no agregaron el alta al sumario como se hace habitualmente? El sumario por accidente es ideológicamente falso y fue elaborado para encubrir los tormentos.”
“La Federal pide la vuelta de los edictos y es la discusión de siempre –dijo Daniel Stragá, de la Correpi y autor del libro Los delitos de tortura–. Si le dan más facultades para torturar van a torturar. A la Federal nunca le comprobaron un caso de torturas, pero no porque no las acostumbre aplicar sino porque tiene mejor lobby que la Bonaerense.”
El caso de Caraballo deambuló durante seis años hasta que recayó en la fiscalía de Pablo Lanusse, en 1997. Desde entonces, los pedidos de detención fueron rechazados dos veces. La causa cambió también de juzgado: pasó al 44, de Daffis Niklisson. Ahora, la tercera apelación fue concedida por la Cámara del Crimen. El miércoles, el jefe Evar fue trasladado detenido e incomunicado a Tribunales. Existen otros dos pedidos de detención: contra el ex comisario de la 18ª y contra un ex sargento primero, entonces de guardia, ambos ahora retirados.