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Alberto Lapolla es ingeniero agrónomo, historiador y fue el responsable agrario de Proyecto Sur hasta que la protesta rural dividió las aguas en el interior de ese espacio político. En esta entrevista con PáginaI12, afirma que Federación Agraria se alió con la Sociedad Rural porque ya no representa a los pequeños productores que trabajan la tierra sino a terratenientes pequeños y medianos que, en la mayoría de los casos, alquilan sus campos y viven de rentas. Sostiene que el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, al votar en contra del proyecto oficial no respetó el propuesta programática de la agrupación y “jugó a favor de la Sociedad Rural”. “Todo el campo popular sufrió una dura derrota, pero la situación le debería servir al Gobierno para darse cuenta de que debe dejar de tapar agujeros y enviar al Congreso un plan nacional agropecuario para que sea debatido por todos los sectores”, concluyó.

–Los pequeños productores terminaron festejando el rechazo de un proyecto oficial que los ubicó en una situación peor de la que hubiesen estado si la resolución 125 era ratificada.

–Los pequeños productores no son los que tienen 100 o 200 hectáreas de soja en la Pampa húmeda. Alguien que tiene 100 hectáreas en Pergamino posee un capital de 1,5 millón de dólares, ¿cómo va a ser un pequeño productor? Pequeños productores son quienes tienen 5, 10 o 30 hectáreas en Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y producen, por ejemplo, tabaco, caña de azúcar, zapallo y fruticultura. Los que han formado el Frente Nacional Campesino son los pequeños productores.

–¿Qué definición le cabe entonces a un empresario que posee 200 hectáreas en la Pampa húmeda?

–Son pequeños terratenientes que, en la mayoría de los casos, alquilan sus campos a 600 dólares la hectárea por cultivo. La escala para la producción de soja empieza a partir de las 100 hectáreas. El país tiene 330 mil productores agropecuarios, 220 mil tienen menos de 100 hectáreas y de esos 110 mil que quedan sólo 80 mil producen soja y son mayoritariamente pampeanos.

–¿Entonces a quién representó en este conflicto la Federación Agraria?

–A pequeños y medianos terratenientes de la pampa húmeda que efectivamente quedaron peor que antes porque los reintegros que habían logrado en Diputados ya no los tienen. Encima los dirigentes de la Sociedad Rural, muy hábilmente, dijeron que para ellos el conflicto terminó. En la Federación Agraria recién ahora se van a empezar a dar cuenta de que fueron usados por los grandes productores, habiendo cumplido un pobre papel. Mi amiga Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, dijo que la Sociedad Rural no era la misma de antes, pero la Sociedad Rural es la misma de siempre.

–No todos en Federación Agraria perdieron. Muchos medianos productores que apostaron por la alianza con la Sociedad Rural salieron beneficiados.

–Federación Agraria viene sufriendo un proceso de hegemonización por parte de los sectores más concentrados. Yo participé el año pasado de una marcha muy grande de Congreso a Plaza de Mayo que compartió Federación Agraria con organizaciones campesinas como el Mocase y el Mocafor y el comentario posterior de los gringos de Córdoba y Santa Fe fue que se había llenado de negros. Originalmente los integrantes de Federación Agraria eran arrendatarios enfrentados con los terratenientes y ahora son pequeños y medianos propietarios. Eso le cambió el carácter de clase a la organización. No obstante, también influyó mucho en la postura de la Federación Agraria la confrontación abierta que se planteó con el Gobierno. Ahí tuvo un papel central el diputado Claudio Lozano, principal aliado de Eduardo Buzzi, que votó en contra en Diputados y asesoró al senador José Martínez, de Tierra del Fuego, para que también votara en contra. Esa posición tiene que ver con el odio visceral que Claudio Lozano, Víctor De Gennaro y Alcira Argumedo sienten por el kirchnerismo. Las razones por las que se asociaron a la Federación Agraria son esencialmente políticas. Alcira Argumedo, por ejemplo, cuando se fundó Proyecto Sur dijo que la presidenta Cristina Fernández tenía destino de helicóptero.

–Lozano representó a Proyecto Sur.

–Lozano no respetó el propuesta programática de Proyecto Sur. En esa plataforma, de la cual yo participé como uno de los autores junto con Pino Solanas, Alcira Argumedo y Ana Lorenzo, habíamos planteado la necesidad de llevar adelante un plan nacional agropecuario que contemplaba la implementación de retenciones móviles y diferenciadas y esa posición se volvió a ratificar en mayo de este año. Las retenciones móviles son una medida económica correcta que sirve para desacoplar los precios internos de los internacionales. Ese tipo de propuestas se pueden mejorar y perfeccionar, pero de ninguna manera Lozano tendría que haber votado en contra. Ese voto es irracional. Podría haberse abstenido. Lo más grave fue cómo operó en el Senado para que Martínez también votara en contra. Jugó a favor de la Sociedad Rural. Yo y él no estamos en el mismo espacio en este momento.

–¿Usted se fue de Proyecto Sur?

–Estamos evaluando cómo irnos. Somos un conjunto importante de compañeros de Buenos Aires y de las provincias del interior que tenemos previsto tomar distancia porque éste no ha sido un hecho menor. Proyecto Sur quedó del lado de la Sociedad Rural. Nosotros no somos kirchneristas, pero en este conflicto estaba claro que había que apoyar al Gobierno frente al embate de la derecha.

–¿Qué se puede esperar ahora que el sector sojero le torció el brazo al Gobierno?

–El triunfo de la oligarquía va a acelerar la expansión de la superficie sojizada y va a aumentar la presión contra los pequeños productores porque no hay ningún estímulo para producir alimentos en lugar de soja. Financial Times señaló que en el país va a haber 950 mil hectáreas más de soja en la próxima temporada. Esto es negativo porque estamos produciendo soja para que los chinos y los hindúes críen chanchos, mientras nosotros dejamos de producir comida y contaminamos la tierra. Además, la sojización destruye trabajo. El tiempo operativo de labranza de la siembra directa es de 40 minutos de hectárea por hombre y el tiempo operativo del maíz es de 180 minutos. Son casi cuatro puestos de trabajo menos. El paquete tecnológico que combina siembra directa, semillas transgénicas y el herbicida glifosato eliminó las tareas de labranza, disminuyendo brutalmente la demanda de trabajo.

–¿Dejó algún saldo positivo este conflicto?

–Todo el campo popular sufrió una dura derrota, pero la situación le debería servir al Gobierno para darse cuenta de que debe dejar de tapar agujeros y enviar al Congreso un plan nacional agropecuario para que sea debatido por todos los sectores. Ese es el lugar para discutir si vamos a seguir produciendo soja sin límites para China e India o vamos a producir alimentos. Estos cuatro meses de conflicto también dejaron otra experiencia positiva. Por primera vez desde la década del 70 se volvió a debatir la estructura de propiedad de la tierra en la Argentina y eso no es algo que deseaban los grandes terratenientes. En 1974 participé del último congreso que se realizó en el país para debatir la reforma agraria, fue la semana en la que murió el entonces presidente Perón y desde entonces no se volvió a hablar más del tema hasta ahora.