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El bloque legislativo del justicialismo plantó la bandera en territorio adversario, en lo que ya denominan “la guerra del petróleo”. Uno de sus hombres, el secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, estampó en el proyecto de Presupuesto 2002 la previsión de ingresos por 600 millones de pesos en el año por el cobro de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos. Desde las petroleras siguen resistiendo la embestida, cuyos voceros advierten que la producción podría caer porque, con el gravamen, la producción en áreas secundarias dejaría de ser rentable. Carlos Bulgheroni, titular de Bridas y socio minoritario en Pan American Energy, uno de los más activos negociadores, es el más firmemente plantado en la postura de resistir. En cambio, las autoridades de Repsol YPF serían más condescendientes, pero no por comprensivos: ya habrían acordado el nombramiento del nuevo director por el Estado en la petrolera, bloqueando así el desembarco de un dirigente de la “línea dura” del PJ o de un antiprivatista (ver recuadro), aseguran en la interna justicialista.
“El sector petrolero ya asimiló el impuesto”, aseguran los expertos cercanos a Lamberto y a la conducción de los bloques legislativos del justicialismo. Se refieren a la tasa del 20 por ciento de retención que se aplicará sobre las ventas al exterior de crudo. El Ministerio de Economía habría desechado la alternativa de gravar también las exportaciones de gas y derivados, aunque con tasas más bajas (10 y 5 por ciento). Las cuatro empresas que concentran la exportación de crudo son Repsol YPF, Pérez Companc, Pan American Energy (Amoco-Bridas) y Chevron.
Según fuentes del sector, no habrá una confrontación abierta con las autoridades por el impuesto. Pero ya advirtieron al gobierno que reducirán las inversiones en el sector y se resentirá la producción. Los números que le han acercado a Economía muestran que el precio internacional del crudo, con el descuento por calidad que sufre el producido en Argentina, está hoy demasiado cerca de su valor de equilibrio, debajo del cual algunos yacimientos saldrían del plan de producción.
“El Gobierno debería hacer bien los cálculos, porque lo que obtenga por el impuesto no surge de multiplicar la recaudación de este año por cinco, ya que lo más probable es que el volumen exportado vaya a ser decreciente”, apuntaron pocos días atrás representantes empresarios a Jorge Capitanich, jefe de Gabinete. Los mayores problemas podrían generarse en la cuenca del Golfo San Jorge, en torno a Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. En la zona se ubican los yacimientos de más bajo rendimiento y, por consiguiente, de más alto costo por barril.
Los técnicos del Gobierno hacen otros cálculos. Sostienen que la rentabilidad de las empresas se verá beneficiada en términos absolutos por la modificación del tipo de cambio. “Sus costos locales no varían, y no es lógico que reciban el beneficio pleno de la devaluación”, dicen los analistas del Gobierno. Desde las petroleras responden que, para muchas, su principal costo son las deudas en dólares.
Conforme a la ley, el destino de la recaudación del tributo será compensar a los bancos por la pesificación de los créditos personales, prendarios e hipotecarios para vivienda única de más bajo monto. Pero todavía se discute si esta regla no se generalizaría a todos los créditos y depósitos, con lo cual desaparecería la necesidad de compensación. La idea era que el Gobierno le entregaría a los bancos un título público que luego rescataría con la recaudación del impuesto al petróleo.
Bajo el argumento de que el problema del Estado era no sólo fiscal sino también financiero, la industria petrolera defendió hasta último momento la alternativa de abonar un adelanto del impuesto a valor actual, por única vez y con carácter cancelatorio, que se estimaba podría alcanzar entre 1200 y 1400 millones de dólares, contra 2200-2500 millones que podría acumular el cobro del gravamen a lo largo de cinco años. Para la industria, hubiera significado garantizarse, a través del desembolso de una sola vez, que la retención no fuera renovada a su vencimiento. Los empresarios del sector dudan de que el gravamen tenga la temporalidad que indica el artículo 6 de la Ley de Emergencia Pública (por cinco años). “Si hay inversiones postergadas, nadie las va a iniciar en el cuarto año pensando que dos años después desaparece el impuesto: va a esperar dos años más”, reflexionó un hombre de la industria ante este diario.
Los legisladores justicialistas de la “línea dura”, con acompañamiento de los técnicos en energía del partido, descreen de todos esos argumentos, y aseguran que el Gobierno se juega una partida crucial en la definición del tema petrolero. Lamberto, con origen en el mismo grupo interno, hizo punta con la inclusión del impuesto en el Presupuesto. Ahora esperan ver cerrado, cuanto antes, el compromiso asumido por el presidente Duhalde y su ministro de Economía en cuanto a poner en marcha la retención.