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El ex jefe de la Policía Federal, comisario mayor Rubén Santos, podría convertirse en el primer detenido de la causa que investiga la represión de diciembre. Los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers evalúan la posibilidad de pedirle a la jueza María Servini de Cubría que prive de su libertad al ex funcionario policial acusado de homicidio, antes o después de la indagatoria que debe prestar el martes 5 de febrero. Una alta fuente judicial aseguró a Página/12 que “puede haber detenciones de los autores mediatos” de la represión del 20 de diciembre, que provocó al menos seis muertos en el centro porteño. Esta semana los esfuerzos de los investigadores están centrados en la identificación de los policías que apretaron el gatillo durante la batalla de Plaza de Mayo. Para eso utilizan videos y testimonios porque las balas halladas en los cuerpos no permiten localizar el arma de donde salieron.
Según explicó un perito de Gendarmería en la fiscalía y en el juzgado, los proyectiles encontrados en los cadáveres de cuatro víctimas son perdigones de plomo que van en cartuchos utilizados por escopetas 12,70. “No se puede determinar de qué caño salieron y tampoco tenemos las vainas”, indicó el experto ante Servini, Evers y Comparatore. La policía utiliza esas escopetas (Itaka) para disparar balas de goma pero en este caso las cargaron con cartuchos que tienen nueve perdigones de plomo. Hasta ahora los comisarios y funcionarios imputados negaron este hecho, salvo Daniel Mancini, titular de la comisaría 6ta. al momento de los acontecimientos.
En principio, el hallazgo de balas de plomo llevó a suponer que serían de calibre 9 milímetros y eso hubiera facilitado la identificación de los uniformados que dispararon a matar, a través de la correspondencia entre las estrías de la bala y del caño de la pistola. Ocurre que las heridas producidas por los perdigones de Itaka tienen un diámetro similar a las calibre 9 milímetros. En el caso de Gustavo Benedetto, murió por uno de los 40 tiros que salieron del interior del banco HSBC en Chacabuco y Avenida de Mayo, ya habrían sido reconocidos los autores de esos disparos. En cuanto a las otras muertes también hay testimonios que coinciden en que la balacera provino de autos particulares y policías de civil. En cambio, aún faltan testigos sobre los casos de Diego Lamagna y Carlos Almirón (ver aparte). Una alta fuente judicial desmintió ante este diario una información publicada el domingo según la cual la Policía Federal identificó a cinco policías que dispararon desde autos particulares e informó de esto a la jueza Servini de Cubría. “Eso es falso, y si los identificaron acá no avisaron”, aseveró la fuente.
La situación del ex jefe de la Federal empeoró a partir de la declaración indagatoria del comisario mayor Norberto Gaudiero, director de Investigación de Tráfico Ilícito de la División Drogas Peligrosas, que condujo las operaciones represivas bajo sus órdenes. Gaudiero relató que el 20 por la mañana Santos recibió la orden de “limpiar la plaza”. La pregunta clave es quién dio esa directiva porque tanto Mathov como Fernando de la Rúa deslindaron responsabilidades en sendos escritos en los que desconocieron incluso haberse enterado de las muertes de los manifestantes. El comisario también afirmó que Santos ordenó las detenciones y confirmó que desconoció la orden de la jueza Servini de frenar la represión indiscriminada. “El estado de sitio está por encima de la Justicia”, dijo Gaudiero que replicó Mathov cuando éste le comunicó la orden que la magistrada le transmitió vía telefónica. En ese momento una persona ya había perdido la vida. En Tribunales no descartan que más adelante haya que producir un careo entre Gaudiero y Santos. Sin embargo, el ex jefe de la Federal tiene más elementos que rebatir. Los comisarios que ya declararon aseguraron que recibieron una orden suya, directa y explícita, para desalojar la Plaza de Mayo.
En esta causa aún no pudo esclarecerse la duda sobre un presunto séptimo fallecido. Los investigadores analizan cinco casos y un sexto quedó en manos del juez de instrucción Ismael Muratorio. La incógnita surgió porque el SAME reportó que no pudo levantar un cuerpo porque su camioneta fue atacada a pedradas por los manifestantes y aún no pudieron establecer si ese cuerpo es uno de los que fueron identificados después. Servini también incorporó al expediente la declaración del militante de HIJOS Eduardo de Pedro que aseguró haber sido torturado por los policías que lo detuvieron.
Ayer declararon dos testigos, uno de ellos perteneciente a la agrupación HIJOS, que aportaron datos sobre la herida de bala de goma en un ojo que recibió Claudia Aguilera.