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Ya no hay excusas. Un grupo de Organizaciones No Gubernamentales le llevará hoy al ministro de Justicia Jorge Vanossi, prácticamente servida en bandeja, una propuesta para “renovar la legitimidad de la Corte Suprema”. Además de alentar que el Congreso analice “urgente” los pedidos de juicio político contra miembros del alto tribunal, el documento sugiere medidas concretas para cambiar las prácticas que reinan en él. Propone la apertura de sus audiencias –actualmente reservadas–, la delimitación de las potestades de los supremos y su jurisdicción, la publicidad de sus declaraciones juradas, que paguen los mismos impuestos que todo el mundo y que tanto su elección como su posible destitución dejen de ser politizadas. Ayer Vanossi instó a que se conforme la Comisión de Juicio Político de Diputados para que analice planteos recientes de remoción contra la jueces de la Corte. Y matizó: “tirarlos por la ventana no existe, no está previsto en la Constitución” (ver aparte).
La propuesta en danza busca articular lo que viene apareciendo en todos los reclamos populares como una exigencia de “recambio en la composición de la Corte Suprema”. Fue elaborada, frente a las escasas iniciativas gubernamentales y legislativas, por seis de las ONGs más reconocidas ligadas al ámbito jurídico: la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y la Unión de Usuarios y Consumidores. Además de Vanossi, el documentó será entregado en los próximos días también a la propia Corte y al Congreso.
Más allá de una posible reducción del tribunal de nueve a cinco miembros y sin descartar que algún cortesano renuncie, la presentación –bautizada “Una Corte para la Democracia– plantea que el Congreso debe considerar rápidamente los pedidos de juicio político contra la Corte porque muchos de sus jueces “han roto definitivamente su vínculo con la sociedad y carecen, por ello, de legitimidad para ejercer el poder de administrar justicia”. Pero también aclara que “un cambio en la composición de la Corte no es suficiente”. “Para que recupere legitimidad debe cambiar sus prácticas”, dijo Roberto Saba, de la Asociación por los Derechos Civiles. “Lo que hicimos fue identificar modificaciones necesarias y los responsables de llevarlas a cabo”, señaló Andrea Pochak, del CELS.
Algunas decisiones dependerán del Poder Ejecutivo, otras del Congreso y otras de la propia Corte. Las ONGs advierten y proponen:
u La Corte ha hecho “una interpretación demasiado laxa de sus atribuciones”, sostienen las agrupaciones. “Se arroga facultades de conocimiento en más causas de las que el constituyente previó que debería decidir”, agregan. Un ejemplo es el uso que ha hecho del “per saltum” (resolver salteando instancias) aún antes de que la última Ley de Emergencia le diera legitimidad. Así, dicen, la Corte acumula expedientes y empleados. Actualmente resuelve 14.770 causas por año. La Corte norteamericana, en la que se inspira la argentina, decide entre 70 y 90 causas cada año. Son el Poder Legislativo con una ley y la propia Corte en sus acordadas, quienes deben limitar las competencias del tribunal.
u El reglamento interno de la Corte veda la publicidad de sus audiencias, lo que a su vez impide que la ciudadanía a información en poder del tribunal y conozca el pensamiento de sus ministros. Esta situación genera un trato desigual según el acceso que tenga cada quien a los despachos de los supremos. “Para lograr la publicidad de las audiencias ante la Corte sólo se necesita una resolución del propio tribunal”, dicen las ONGs y recuerdan que el Congreso también podría establecer un mecanismo de audiencias públicas.
u Aunque ciertas causas sean de interés público, la ciudadanía no tiene acceso a ellas, sólo participan las “partes”. Una acordada de la Corte yuna ley podrían establecer un procedimiento de participación ciudadana que amplíe el debate y permita el control de la labor del Tribunal.
u Todos los jueces y más aún los de la Corte, piden las organizaciones, deberían hacer públicas sus declaraciones de bienes –una obligación que ahora no tienen, a diferencia de los demás funcionarios– y pagar impuesto a las ganancias. Ellos mismos pueden así establecerlo en una acordada.
u Las tareas de administración que ejercen la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura deberían estar sometidas al control de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Eso se resuelve con una ley del Congreso que modifique la Ley de Ministerio Público.
u La designación de los de la Corte no es transparente, subrayan las entidades. No se resuelven en el acuerdo del Senado, según los antecedentes y calidad de los candidatos, sino en acuerdos políticos fuera del recinto. Algo similar ocurre con los procesos de juicio político. En ambos casos, argumentan, las sesiones deberían ser públicas y abiertas a la participación de la gente. Para los procesos de remoción sugieren que el Congreso establezca plazos. Sería importante que parte de estas iniciativas surjan de proyectos de ley del Poder Ejecutivo, dicen.
“Tomaremos las propuestas en cuenta, otra cosa no podemos hacer”, comentó el ministro Vanossi a Página/12. “No hay definiciones aún, tengo el documento de las ONGs pero aún no lo he podido leer. Igual es hora de que el Congreso también se mueva y forme la Comisión de Juicio Político para tratar las pedidos que reciba”, añadió.