Después de la airada protesta de organizaciones de consumidores por las notorias subas en las tarifas de gas domiciliario, justo en los meses de mayor consumo (invierno), el Gobierno resolvió anular uno de los cargos que penalizan a los particulares que consumieron esta temporada por encima de sus valores históricos. Según el ministerio que comanda Julio De Vido, el adicional a los consumos comenzó a cobrarse “sin que mediara autorización expresa” de esa cartera, que nunca habría tenido la intención de que ese sobrecargo fuera pagado por los “usuarios no industriales”. Este cambio de criterio en la facturación podría implicar algún crédito para los usuarios castigados por los excedentes en la tarifa. En caso de no haberlo oblado, quedan eximidos de hacerlo, ya que las distribuidoras tendrán que refacturar los valores del gas consumido. La corrección de Planificación al criterio aplicado por las empresas distribuidoras, vale aclararlo, no significa una revisión de los últimos aumentos en la tarifa, que se aplican sobre los consumos desde el mes de septiembre.

Los cargos que suscitan la controversia forman parte del sistema de premios y castigos instituido a través del Pure (Programa del Uso Racional de la Energía) para el gas, a semejanza del que existe para la electricidad. Ambos están inspirados en el mismo afán de desalentar el consumo y tienen como pauta el sistema de cuenta única por el cual todo lo que se “cobra” por penalizar a quienes demandaron por encima de la pauta sirve para “pagar” los premios del resto. El saldo, generalmente favorable al administrador, va a una cuenta que maneja el Estado. Los recursos disponibles son utilizados para la ampliación de los gasoductos troncales, empleando la mecánica de fondos fiduciarios.

Existen dos cargos originados en este sistema de premios y castigos. El primero fue creado para costear las obras de ampliación de los gasoductos troncales en los años 2004 y 2005. A éste se añadió otro en 2007, que serviría para los programas de ampliación a ejecutar entre 2006 y 2008. La aplicación de este último cargo impactó fuerte sobre la facturación de domicilios y comercios, especialmente en las últimas boletas emitidas, ya que lo que se tomó en cuenta para hacer la comparación con el período de referencia fue el bimestre invernal, habitualmente el de más demanda.

Este último cargo fue creado el año pasado a través de una resolución ministerial y el resultado de su aplicación es que el importe a abonar por muchos usuarios se incrementó drásticamente, en algunos casos más del 50 por ciento. Semejante magnitud fundó quejas ante las asociaciones de usuarios y consumidores que, a su vez, las elevaron al Gobierno. Esto motivó que ayer Planificación revisara lo sucedido y decidiera dejar en claro que, en este caso, “no corresponde aplicar a otro usuario que no sean las industrias” el cargo adicional, reclamando la revisión de la factura en aquellos casos en que se hubiera aplicado incorrectamente.

Las distribuidoras que comenzaron a cobrar las facturas con el ajuste (Metrogas y Camuzzi) deberían instrumentar algún sistema de devolución o crédito. El resto de las empresas tendrá que corregir las facturas emitidas, por lo que los clientes afectados por las subas no tendrán que pagarlas. No habrá sanciones ni normas que modifiquen lo anteriormente resuelto. A juicio de Planificación, lo que hubo fue una “mala interpretación” de la resolución 2000, que subió el valor de aquel cargo de 11 centavos el metro cúbico consumido a 30 centavos.

La aplicación de los cargos en el marco del Pure nada tiene que ver con el incremento en las tarifas del gas que comenzó a aplicarse en todos los estamentos del servicio a partir de septiembre; incremento que permanece inalterable y no fue sujeto a revisión por la “aclaración” emitida ahora por Planificación.

Los aumentos tarifarios también comprenden al GNC a partir de este mes, al transporte y al gas en boca de pozo. Parte del ajuste que cobran los productores sirve para subsidiar las garrafas, según una grilla de precios por la cual la de 10 kilos debe ser provista a un valor tope de 16 pesos.