El ministro de Planificación, Julio De Vido, remarcó ayer la vigencia de la seguridad jurídica para las empresas que operan en el país. Lo hizo durante la inauguración del Congreso Nacional de Telecomunicaciones al alentar a los ejecutivos del sector a que sigan invirtiendo. No obstante, el principal objetivo fue despejar las dudas que surgieron en el mundo empresario luego de la decisión oficial de estatizar los fondos que administran las AFJP. “Los convoco a seguir aumentando la rentabilidad de las empresas, a seguir consolidando la seguridad jurídica que construimos entre todos; la seguridad jurídica no la construye solamente el Estado, la construyen los empresarios junto con el Estado y los trabajadores”, afirmó. Por su parte, la secretaria de Estado española para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, coincidió en destacar la seguridad jurídica de la región y se mostró prudente frente a la decisión argentina. “Cuando sepamos exactamente la dimensión de la medida y cómo afecta a las empresas españolas podremos opinar con mayor solidez”, sostuvo.

La semana pasada, apenas el Gobierno confirmó que enviaría un proyecto al Congreso para poner fin al régimen previsional de capitalización, De Vido se reunió con el titular de la filial local de Telefónica, Eduardo Caride, con foto incluida, para llevarle tranquilidad sobre las inversiones. Horas después, César Alierta, presidente de Telefónica de España, aseguró que seguiría apostando por el país. “Vamos a seguir invirtiendo en Argentina. Nos va bien, estamos confiados y creo que tiene un futuro brillante”, afirmó. Cuando lo consultaron sobre el fin de las AFJP, evitó dar su parecer: “De eso no voy a opinar porque es un problema de política interna. Lo único que puedo decir es que en líneas generales toda Latinoamérica va muy bien y es una buena señal”.

Telefónica está a la espera de varias decisiones oficiales y tal vez sus directivos piensan que podrían beneficiarse con una eventual compensación por lo hecho con las AFJP. El Gobierno debe definir si autoriza el ingreso de Telefónica en Telecom y si le da el visto bueno a la posibilidad de que las telefónicas brinden televisión. Además, está pendiente la elección de la norma de televisión digital terrestre. Hasta ahora Japón parece tener mayores chances, pero no hay nada definido.

De Vido no dio ayer ningún adelanto sobre esos temas. Se limitó a reivindicar la vigencia de la seguridad jurídica y a convocar a las empresas del sector a “desarrollar una plataforma nacional tecnológica”. El ministro recordó que “el Estado nacional, a través de la creación de la empresa Arsat, manifestó una primera voluntad de desarrollo; con los famosos fideicomisos de telecomunicaciones, que en su momento planteara (Guillermo) Moreno, cuando fuera secretario (de Comunicaciones), también marcamos la voluntad del desarrollo industrial”. Además, afirmó que “hay que superponer el desarrollo industrial, junto con la creación y desarrollo de una plataforma tecnológica argentina, que no la pretendemos cerrada, porque hablar hoy de cerrarse en el ámbito de las comunicaciones es lógica y racionalmente imposible”.

De Vido puntualizó luego que el principal desafío a futuro es integrar a todos los sectores empresariales, los sectores donde participa el Estado y donde están los trabajadores, no solamente de las telecomunicaciones, sino de las comunicaciones en general. “Esta es la mejor manera de que los sectores crezcan, de que la seguridad jurídica impere, de que los empresarios vean en ese acuerdo multisectorial y policlasista la posibilidad de que sus negocios tengan continuidad, que tengan certeza, y que las expectativas que se trazan cuando los negocios se plantean después se concreten”, remarcó.

El gobierno español, por su parte, fue prudente al analizar su situación en la Argentina y en la región. “En general, existe seguridad jurídica en América latina. Tenemos acuerdos de protección de inversiones y libre imposición con la mayoría de los países” y “la mayoría de las empresas españolas están muy contentas”, afirmó la secretaria española para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, antes de viajar a la Cumbre Iberoamericana, que empieza el miércoles en El Salvador. La funcionaria agregó luego que encuentra “lógico que en ocasiones se produzca fricción con algún gobierno”. “Se trata de casos concretos y coyunturales que tratamos de resolver uno a uno. Debemos buscar el equilibrio entre el respeto a las decisiones soberanas de un país y los intereses de las empresas españolas. A veces, sobre todo si cambia el gobierno, se modifican las reglas preexistentes, pero si entra dentro del ámbito de su soberanía, tenemos que respetarlo”, admitió. Al analizar puntualmente la decisión argentina de estatizar los fondos de pensión se limitó a decir que esperan mayores precisiones para “opinar con mayor solidez”.