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El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, llegó ayer a Buenos Aires con el borrador de la carta de intención de un acuerdo con el FMI. Uno de los temas que trajo en carpeta vuelve a poner a los jubilados como prenda de ajuste. Nielsen le recomendó a Roberto Lavagna que se olvide de sacar un peso para ponerse al día con ese sector. De hecho, el pago de 13.500 sentencias a jubilados a los que la Justicia les reconoció la recomposición de sus haberes desató una pelea entre Economía y la Anses. Las exigencias fiscales del organismo de crédito no se condicen con esa erogación.
Sergio Massa, titular de la Anses, con pasado ucedeísta y orteguista, con excelentes vínculos con el menemismo y la Iglesia, con presente duhaldista y defendido por los sectores de centroizquierda por ser el funcionario de esa área con las ideas más progresistas en años, está amenazando con renunciar si prospera la opinión de Nielsen y se relega otra vez a los jubilados.
El enfrentamiento se vincula con cuestiones fiscales y con propuestas que el Fondo no acepta. En primer término, Massa pretende actualizar los haberes de 13.500 jubilados a los que se les viene pagando mal desde hace años, según lo determinó la Justicia. Eso implicaría gastar unos 35 millones de pesos hasta fin de año, mientras que cubrir la deuda por el plazo en que los sueldos fueron mal liquidados costaría unos 300 millones. Economía propone emitir un bono por la deuda y esperar hasta 2003 para recomponer los haberes.
Por otra parte, Nielsen estaría analizando entregar bonos a jubilados a los que ya se les dieron títulos públicos hace más de una década, pero que dejaron de pagarse. Esto lo denunció la diputada María América González (ARI) en sendas cartas al Presidente, a los ministros de Economía y Trabajo, al secretario de Seguridad Social y al titular de la Anses. La legisladora encabeza su misiva a Lavagna advirtiéndole por las “versiones que sostienen que el ministerio que usted preside estaría programando abonar las sentencias previsionales de jubilados y pensionados con bonos”. Y le recuerda que “resulta jurídicamente imposible que la cancelación de una deuda previsional anterior al 1º de abril de 1991 pueda hacerse efectiva mediante la entrega de título alguno”.
Massa respalda a González en este tema, lo que vuelve a oponerlo a Nielsen. El punto en esta discusión es que el Estado incumplió con los pagos de las tres últimas cuotas de los bonos Bocon primera y segunda serie. Estos títulos se emitieron para cubrir la deuda que se generó con los jubilados por haberles pagado mal el sueldo antes de abril de 1991. El gobierno de la Alianza se atrasó con las cuotas de capital de los años 1999, 2000 y 2001. Lo que estaría proponiendo Economía es saldar ese atraso con un nuevo título público: el Bocon 4. Es decir que los jubilados que recibieron bonos en 1991 terminarían de cobrar la deuda completa recién en 2012, más de 20 años después de que fuera reconocida. “Esto significaría condenar a los legítimos acreedores a una novación de la novación”, especifica González en su queja. Una estimación preliminar señala que el monto en juego sería de unos 700 millones de pesos.
Massa también se enfrentó a Economía por la restitución del 13 por ciento en los haberes de los jubilados. Cuando la Justicia determinó la inconstitucionalidad de ese descuento y ordenó la devolución del dinero a empleados públicos y retirados, el jefe de la Anses fue el primero en decir que había que acatar ese orden. Y sostuvo que tenía los 69 millones de pesos mensuales que demandaba la actualización. Durante un par de semanas estuvo discutiendo con Lavagna y con el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, hasta que éstos se impusieron y determinaron que el 13 por ciento se pagará a partir de enero de 2003.
Esa pelea dejó rencores de los dos lados. A los ministros les molestó el cuestionamiento de Massa, y especialmente que aprovechara su confianza con Eduardo Duhalde para desafiar su decisión. En Economía también lo acusan de querer hacer campaña “usando” a los jubilados. En esa cartera sostienen que Massa no puede disponer de los recursos del Estado a su gusto y que es función de Hacienda determinar cómo se gasta. El FMI rechazaba que se comprometiera el superávit fiscal con la devolución del 13 por ciento.
Un cuarto tema en el que Massa confronta con Economía es por el proyecto de ley que habilita el libre traspaso entre el régimen de reparto y el de capitalización y dispone que los trabajadores que inician su actividad laboral formal permanezcan en el sistema estatal, en lugar de ser inscriptos en una AFJP como ocurre hasta ahora. Esta iniciativa, cuya autoría pertenece a González, obtuvo media sanción en Diputados. La ministra de Trabajo, Graciela Camaño, también la apoya, así como lo hizo cuando era diputada. Su esposo, el sindicalista Luis Barrionuevo, consiguió darle dictamen de comisión en el Senado. Esta semana se discutirá si el proyecto es convertido en ley. Lavagna le dijo a Duhalde que si eso ocurre debería vetarse, puesto que el FMI lo rechaza y puede volver a complicar las negociaciones.
Las AFJP están ejerciendo un fuerte lobby en contra de esa iniciativa. Lo llamativo respecto de la figura de Massa es que sus posiciones coinciden con las de los sectores progresistas, a pesar de que su historia política lo ubica del lado de las líneas más conservadoras. También sorprende que un dirigente de apenas 30 años reúna tantos antecedentes.
Massa empezó militando en la UCeDé y de allí paso al orteguismo, cuando el cantante tucumano ocupó la Secretaría de Desarrollo Social durante el gobierno de Menem. Llegó a Duhalde a través de Ortega, cuando éstos fueron compañeros de fórmula en 1999. Desde ese momento, este joven abogado se convirtió en una persona de gran confianza para el Presidente, al punto de que éste lo presenta como “la persona que me arregló la interna de Tigre”, adonde el peronismo vivía de conflicto en conflicto. Así lo dijo Duhalde en una reunión con expertos del área previsional cuando lo designó como titular de la Anses.
Se dice que Massa estuvo entre quienes manejaron dinero de la campaña del ‘99 y que ahora tiene acceso a Olivos y al despacho de Duhalde en la Casa Rosada. Otros datos destacables son que Massa es yerno de la diputada menemista Marcela Darreau, y por sus contactos con las huestes del ex presidente recibe un trato preferencial de los periodistas de Radio 10. En Economía, quienes no lo quieren, bien dicen que Massa está amenazando con renunciar porque aspira a ser candidato a vicegobernador de Felipe Solá o incluso a gobernador y que está usando a la Anses como trampolín para su carrera política. Cerca de Massa contestan que a Economía lo único que le interesa es el acuerdo con el FMI, y que no le importa si para conseguirlo hay que tomar medidas que perjudiquen a los jubilados.