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Pese al voto de los diputados de esta semana, nada menos que el 97 por ciento de los argentinos creen que deben producirse cambios en la Corte, siete de cada diez personas piensa que se deben ir todos los magistrados y más del 60 por ciento afirma que el justicialismo estuvo mal o muy mal al promover el archivo del juicio político a la Corte. Además, una gran mayoría cree que los jueces del máximo tribunal deber ser elegidos por voto popular y no, como actualmente, por decisión del Presidente sobre la base de una propuesta del Congreso. Esta alternativa, la prevista por la Constitución, no recoge ni el uno por ciento de la aprobación de la gente.
Las conclusiones surgen de una encuesta realizada por la consultora Ibope OPSM, que lidera Enrique Zuleta Puceiro. En total se entrevistaron a 110 personas en Capital Federal, Gran Buenos Aires y 56 localidades de todo el país, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. La dirección técnica estuvo a cargo de Isidro Adúriz y la coordinación fue de Julián Lisa. Se terminó de procesar este viernes.
“El rechazo a la Corte ha sido una constante prácticamente en los últimos diez años –señala Enrique Zuleta–. No sólo cuando se vieron envueltos en grandes escándalos, sino también cuando emitieron fallos correctos, que incluso beneficiaban a la población. El desprestigio básico tiene que ver con que se percibe que existe una politización de la Justicia y obviamente se cree que los magistrados responden a Carlos Menem. Pero el fondo es que la Corte viene ampliando cada vez más su intervención en cuestiones políticas y ello también se verifica con la Justicia Federal. Por ejemplo, la Corte –con otra composición, claro–, convalidó a la dictadura y de hecho se lavaba las manos en temas políticos. Desde la vuelta de la democracia eso cambió: ahora un juez salteño hace polvo el proceso electoral, una jueza porteña destroza las internas y así sucesivamente. Toda esta presencia en el terreno político genera sospechas, no sólo desde la población sino también desde el establishment. No hay nadie en este momento que defienda a la Corte. Ni siquiera los sectores más conservadores. Y eso lo comparte la opinión pública”.
Para Zuleta, “el menemismo percibió todo este proceso y a través de juristas de envergadura, como Rodolfo Barra, se encaramó en esa politización de la Justicia y en la judicialización de la política. Menem hizo abuso de este estado de cosas. Por eso, desde la ampliación del número de miembros de la Corte, lo único que recogen los integrantes del máximo tribunal es rechazos y más rechazos. En ese marco se dio el impulso por parte del PJ del juicio político y también en ese marco produce irritación que el mismo PJ haya archivado el enjuiciamiento de los integrantes de la Corte”.
Zuleta, quien realizó encuestas sobre Justicia en el interior del país, señala que hay bastante diferencia entre el desprestigio de la Corte a nivel nacional y la imagen que tienen las cortes que existen en cada provincia. “En Santa Fe o Córdoba, por ejemplo, los jueces de los máximos tribunales de esas provincias tienen una imagen aceptable e incluso buena. De ninguna manera hay un 97 por ciento en esas provincias pidiendo que cambien los miembros de la corte provincial”.
En el trabajo de Ibope OPSM impresiona el hecho de que la gente reclama que los nueve jueces sean relevados de sus cargos. Existe la impresión de que todo el tribunal ha estado ligado a casos de corrupción, pero sobre todo que fue funcional a las necesidades políticas de los gobiernos de turno. “Hoy en día la Corte tiene casi igual prestigio que los dirigentes sindicales. O sea que es el peor de los mundos posibles”, acotó Zuleta.
Uno de los grandes problemas es cómo se sale de la actual situación. Lo concreto es que la gente rechaza totalmente el sistema de elección queconsagra la Constitución, que consiste en que el Presidente elige sobre la base de una propuesta del Congreso. Esa alternativa no la acepta ni el uno por ciento de los consultados por Ibope. En cambio, se considera aceptable la elección de los jueces por voto popular, un sistema que no existe en ningún país del mundo. De manera que si se produce alguna renuncia de los jueces que más votos en contra recibieron en Diputados, igualmente habrá un enorme repudio a la elección de los sucesores.
Como se ve, los poderes están cuestionados, pero entre ellos, el más cuestionado de todos es el que encabeza la Corte.