“Somos esclavos de la ley. El Congreso es el que tiene la última palabra y nos atendremos a ella.” Con esta sentencia, el ministro de Planificación, Julio De Vido, avaló ayer el camino señalado por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones a instancias del Poder Ejecutivo: rotundo rechazo a la tasación del Banco Crédit Suisse, que asignó a Aerolíneas un precio de hasta 60 millones de dólares y a Austral varios cientos, según el escenario del negocio. De algún modo, De Vido ratificó con sus declaraciones que está expedita la vía del rescate compulsivo de las empresas.

“No habrá tercer evaluador de la compañía”, sentenció De Vido, en consonancia con lo que viene afirmando el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Esa eventual chance para acercar posiciones entre Marsans, que quiere vender, y el Estado, que admitió una recompra de acciones, está contemplada en un acta-acuerdo cuya vigencia formalmente expiró, pero que las partes reconocen como válida según el momento de la negociación. Sin embargo, el gobierno ahora optó por atenerse a la ley de rescate accionario.

El Gobierno aspira a imponer la tasación oficial, por la cual AA y Austral tienen un valor negativo de 832 millones o 622, según el método utilizado para cotizarlas (sustantivo o flujo de fondos). Los españoles quieren cobrar un monto lo más cercano posible a la tasación del Crédit Suisse, lo que genera una brecha en apariencia imposible de estrechar por la vía de un acuerdo. “Creo que hay que dejar que actúen las instituciones. Hay 2200 millones de pesos de diferencia en la valuación”, sostiene el ministro.

De Vido recordó que Marsans se negó a pagar los sueldos justo en el medio de la temporada invernal, lo que obligó a la intervención estatal. “Mientras tanto, el Gobierno está garantizando el servicio y, por supuesto, las fuentes de trabajo, para lo que ha transferido fondos por 1065 millones de pesos para mantener el servicio de Aerolíneas y Austral”, declaró el titular de Planificación.

Después de la visita que hizo Jaime el jueves, la Comisión Bicameral de seguimiento de las Privatizaciones se pronunció en contra de la tasación de Crédit Suisse, lo que implica avalar y reconocer como único precio válido el que fijó el Tribunal de Tasación. Este sería apenas el primer paso para una prevista recomendación (tal el status de los pronunciamientos de ese cuerpo parlamentario) de expropiar, la fórmula que mejor ven los legisladores para que el Estado recupere la propiedad de las líneas aéreas. El ánimo parlamentario está en absoluta consonancia con el del Poder Ejecutivo, donde a esta altura se ve como camino más factible para resolver la coyuntura la intervención, primero con la expropiación, luego formalizada a través de una ley específica.