Por pedido del Ministerio de Planificación, la Justicia dispuso ayer la intervención judicial de Aerolíneas Argentinas. La consecuencia inmediata será evitar que los accionistas privados puedan retomar el control efectivo de la compañía, mientras avanza en el Congreso el proyecto de ley de expropiación que le permitirá al Estado recuperar el control definitivo del grupo empresario, incluida Austral. El pedido de intervención fue la respuesta del Gobierno al intento del grupo Marsans, del martes último, de dotar a uno de sus representantes de poderes especiales que lo habrían ubicado, en la práctica, por encima del administrador general actual de la empresa, Julio Alak, designado a instancias del Estado.

Desde Madrid, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español expresaron su confianza en encontrar “una solución negociada”. Pocos minutos después de que tomara estado público la resolución judicial ordenando la intervención, desde la Cancillería ibérica se aseguró que el gobierno español estaba a la espera de conocer el contenido y el alcance de la medida. “Ambos gobiernos están ya en contacto”, aseguró la fuente oficial. El pedido de la intervención judicial se estuvo considerando en el último tiempo como una vía para que el Estado tome el control total y definitivo de la empresa, antes de que el Parlamento concluya su faena. Pero lo que precipitó el reclamo del ministerio de Julio De Vido fue la maniobra que Marsans intentó el martes de la semana pasada en una reunión de directorio, cuando quiso darle a uno de sus representantes atribuciones mayores que las que hoy tiene Alak.

El juez subrogante del fuero Contencioso Administrativo Federal, Esteban Carlos Furnari, hizo ayer lugar al pedido de “no innovar” que formuló Planificación con respecto a la gerencia de la compañía y designó al contador José Luis Perrone “interventor, veedor e informante”. Fue el propio secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien llegó a la sede de Bouchard 500 para notificarle en persona a Alak el dictamen judicial, que de algún modo bloquea la estrategia delineada por Marsans para recuperar el control efectivo de la empresa, argumentando que no podría haber venta de acciones si no hay acuerdo respecto del precio que el Estado debería pagar por ellas.

Esto obstruye los planes de Marsans, que iba a insistir en la reunión de directorio del martes próximo con un cambio de atribuciones para su subgerente general, Jorge Molina, a quien pensaba dotársele de firma del mismo rango que la de Alak. En pocas palabras, esto implicaba habilitar al director designado por los españoles para el manejo discrecional de una caja que hoy redondea 80 millones de dólares por mes, de los cuales 30 corresponden a los periódicos aportes que hace el Estado para garantizar la operatividad, amén de la cobertura con fondos públicos de otras erogaciones extraordinarias de montos mayores. Más allá de los argumentos invocados por escrito en el recurso de amparo, el temor que ganó los despachos oficiales es que antes de partir sin cobrar un centavo, los españoles intentaran una maniobra de vaciamiento. De ahí el inmediato recurso de amparo que presentó Planificación a la Justicia, después de la reunión de directorio de la semana pasada.

“La intervención resulta imprescindible para garantizar el servicio y para que Marsans no siga destruyendo el patrimonio construido con tanto esfuerzo”, celebraba ayer el diputado socialista y miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones Ariel Basteiro, que advirtió que ese cuerpo parlamentario podría preparar una denuncia penal contra los accionistas privados por presunta “malversación de fondos públicos y falsificación de documento”. Fundamentos al margen, la embestida parlamentaria promovida por el legislador allegado al oficialismo y ex director estatal de Aerolíneas ilustra el clima belicoso en el que se está concretando esta enrevesada reestatización.

Mientras Marsans presiona por una solución “amistosa” que debería concretarse en el curso de esta semana, so pena de iniciar un reclamo ante el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial. Esta fórmula amigable no es otra que la fijación de un precio que permita al grupo ibérico llevar algún dinero a cambio de la cesión de acciones de Aerolíneas, Austral y las otras firmas del grupo, cometido imposible según la ley de expropiación que se está tramitando en el Congreso.

La norma que prepara Diputados prevé expropiar aquellos títulos según las pautas generales previstas en la legislación vigente, por la cual el único valor que el Estado puede reconocerle a un bien es el que fija el Tribunal de Tasación. En este caso, ese precio es negativo en 622 millones de dólares. Este contundente análisis está refrendado por otro de resultados aún más dramáticos, como el informe de la Auditoría General de la Nación, que identifica un valor negativo para las dos líneas aéreas superior a los 2000 millones.

Lo que no admite dudas es que Aerolíneas tiene un millonario patrimonio neto negativo y está técnicamente en estado de disolución. Para salvarla de este descalce es necesario capitalizarla de inmediato. Al igual que en 2001, el actual operador privado se hizo con las líneas de bandera argentina oblando sólo un dólar, pero recibiendo cientos de millones de euros del estado español para subsanar la crisis que generó la gestión de Iberia, adjudicataria original.