El juez Thomas Griesa de Nueva York decidió congelar los fondos previsionales que al menos cinco AFJP habían invertido en Estados Unidos. Se trata de una causa que se inició el 29 de octubre pasado en pleno tratamiento de la ley que terminó con la jubilación privada. La demanda fue presentada por una docena de fondos buitre que reclaman el pago de títulos públicos argentinos que siguen en default, ya que sus propietarios rechazaron el canje de deuda de 2005. Las solicitudes de embargos superan los 2500 millones de dólares. Sin embargo, el titular de la Anses, Amado Boudou, reveló semanas atrás en un reportaje con Página/12 que las AFJP tenían alrededor de 300 millones de dólares en aquel país. Hasta ahora la defensa de ese dinero estaba en la cabeza de las administradoras privadas, pero desde el fin de las AFJP la responsabilidad recae en el gobierno argentino.

“Los demandantes en 72 casos tratan de tener acceso a activos que se creen depositados en Nueva York y que pertenecen a ciertos fondos de pensiones argentinos públicos y privados”, explica el juez Griesa en una resolución de 40 carillas. Se refiere a fondos girados en su momento por las AFJP para la compra de acciones y títulos radicados en ese país. La nacionalización de los recursos previsionales “trasladaría los activos a lo que los demandantes consideran una entidad dependiente del gobierno de Argentina”, según el juez. En este caso, está hablando de la Anses, que es la que recibe el dinero de los afiliados a las AFJP. En conclusión, Griesa sostiene: “La corte (el juzgado) determinó que los demandantes han demostrado suficientemente que la transferencia de esos activos, en especial fuera de Estados Unidos, debe ser restringida”.

Con su resolución, el juez ratifica el embargo preventivo que había dictado a fines de octubre. Todavía no hay un fallo sobre el fondo de la cuestión, que sería determinar si el dinero merece quedar bajo administración de la Anses o pasar a los acreedores. Pero la resolución de ayer es un triunfo para los bonistas, que en principio los acerca a su objetivo. Los fondos buitre se dedican a comprar títulos cuando ya están en default, para luego intentar cobrar el ciento por ciento del valor de los bonos a través de la Justicia, litigando en tribunales internacionales. Pueden hacerlo porque el país aceptó la jurisdicción de esos tribunales en las cláusulas de emisión de los bonos.

Entre los acreedores que piden el embargo se encuentran dos archienemigos de la Argentina: EM y NML, propiedad de Eliot y el magnate Kenneth Dart, quienes son de los más activos en sus demandas contra el país por los bonos impagos. Se estima que los bonistas que rechazaron la reestructuración de hace tres años conservan papeles argentinos por unos 20.000 millones de dólares, de los cuales entre una cuarta y una quinta parte de ese total estaría en poder de fondos buitre. El resto lo tendrían acreedores que fueron asesorados para esperar una mejor oferta. El Gobierno anunció en agosto una reapertura del canje, aunque sin mejorar las condiciones. Esa posibilidad quedó en suspenso por la agudización de la crisis financiera internacional, que impide cualquier operación.

Los abogados que defienden al Estado argentino en Nueva York por acciones de los holdouts argumentaron en la audiencia en la que Griesa ordenó el embargo preventivo que el dinero es de administración privada. Sin embargo, no lograron convencerlo. El superintendente de AFJP, Sergio Chodos, dijo en aquel momento que “el destino de esos recursos es exclusiva y excluyentemente para prestaciones previsionales y no deben ser utilizados para otros fines ni acá ni en ningún otro lugar”. “Es un intento de fondos buitre para tomar posesión de activos más allá de que les corresponda o no”, había explicado.

Después de congelar preventivamente los recursos de las AFJP en Estados Unidos, el juez Griesa dio un plazo de treinta días para lo que se conoce como la etapa “discovery”, por la cual las pruebas de una parte deben ser comunicadas a la otra para que las examine. Finalizado ese proceso, el magistrado profundizó el congelamiento. Los fondos buitre hicieron presentaciones por más de 2500 millones de dólares, aunque Boudou señaló que las AFJP tenían “cerca de 300 millones” invertidos en aquel país. La Anses recibió alrededor de 80.000 millones de pesos acumulados en las AFJP en catorce años de funcionamiento, y a eso se agregarán alrededor de 13.000 millones de pesos el próximo año de los aportes previsionales que antes iban a las administradoras privadas. En términos absolutos, 300 millones de dólares es una cifra menor, aunque en términos relativos es más que importante.