Funcionarios del Ministerio de Planificación recibirán hoy a representantes de petroleras, empresarios de estaciones de servicio y sindicalistas para tratar de evitar un nuevo lockout que ponga en riesgo el abastecimiento de combustibles en los próximos días. Los expendedores afirman que el precio que les cobran las refinadoras por cada litro y los impuestos que cobra el Estado han puesto en jaque la rentabilidad del sector forzando el cierre de numerosas estaciones. Para revertir esta situación reclaman una recomposición de sus ingresos por cualquier vía: una baja del precio por parte de sus proveedores, una suba del precio que paga el consumidor o una baja de impuestos.

“Aún no tenemos horario, en principio la reunión sería a la mañana en el Ministerio de Planificación, con el subsecretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta”, indicó ayer la titular de Fecra, Rosario Sica. Esta empresaria sostuvo que luego del encuentro los expendedores volverán a reunirse para evaluar los resultados y ver que pasos seguirán. Incluso dejó abierta la posibilidad de que se decida un nuevo lockout, aunque aclaró que su postura es no perjudicar al consumidor durante la fiesta de Fin de Año. Por lo que se desprende que la medida de fuerza se podría planificar recién para enero.

Para Sica, la solución para lograr una mayor rentabilidad consiste en que el Gobierno baje los impuestos, en lugar de aumentar el precio de los combustibles. “Cada litro de combustible tiene 70 por ciento de impuestos”, puntualizó.

En cambio, el secretario de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI), Eduardo Bajlec, afirmó que si las refinerías bajaran “dos dólares” el precio interno de venta del barril de petróleo, se podría “duplicar la rentabilidad” de las estaciones de servicio. “Con el valor de barril de petróleo crudo a 36 dólares a nivel mundial, no hay razón para mantenerlo en 42 dólares en la Argentina”, indicó. Así subrayó que “si las refinerías bajan de 42 a 40 dólares el precio interno, con esos 2 dólares alcanza para duplicar la rentabilidad” de las estaciones de servicio que actualmente oscila entre 7 y 8 por ciento del valor del litro de combustible. A su criterio, “el Gobierno no hace nada, en este sentido, porque de 40 mil millones de dólares que facturan las petroleras, se lleva mucho dinero, prácticamente 10 mil millones” en concepto de impuestos.

Ese no es el único motivo por el cual el Gobierno no fuerza a las petroleras a bajar el precio. Durante varios meses, las obligó a vender a 42 dólares en el mercado interno, pese a que en el internacional el crudo llegó a cotizar apenas por debajo de los 150 dólares. Por lo tanto, ahora no les puede pedir que acompañen la baja de manera automática si antes no les dejó acompañar la suba.

Por su parte, los sindicatos del sector reclaman una recomposición salarial del 15 por ciento, pero los dueños de los surtidores argumentan que no es posible hacer frente a ese reclamo en las condiciones actuales.

El conflicto viene desde hace varios meses, pero el antecedente más relevante se produjo a comienzos de diciembre cuando la AESI, las denominadas “blancas”, realizó un lockout por 24 horas que tuvo alto acatamiento y registró numerosos trastornos entre los automovilistas. Las dos cámaras principales del sector, la Federación de Combustibles y la Cecha, ahora tienen la misma posición y afirman que se sumarán a un lockout, en este caso de 48 horas, si el Gobierno no ofrece una solución.